El pleno aprobó la disolución de la empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, en la que se han detectado «graves irregularidades», como un «pufo» de tres millones y que el Consell ya ha puesto en manos de la Fiscalía, que según Mónica Oltra ya ha iniciado una investigación. En 2005 el IVVSA vendió a la sociedad un solar en Alaquàs propiedad de la Generalitat para la construcción de viviendas protegidas; la empresa pidió un préstamo para pagarlo al que no pudo hacer frente, y ahora es la Generalitat la que tiene que asumir esa deuda de 3 millones.
