No parece dispuesto el promotor Enrique Ortiz a que el empresario valenciano Ricardo Fuster se vaya de rositas después de haberle señalado como la persona que en realidad pagó los 36.000 euros que costó el jet privado en el que el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi voló a Creta en el verano de 2008 en compañía de la exconcejala Sonia Alegría.
El abogado de Ortiz, investigado junto a Alperi y a la exregidora Sonia Castedo, entre otros, por supuestos amaños en la tramitación del PGOU, acaba de solicitar al instructor del proceso, el magistrado Manrique Tejada, que le reclame a la Agencia Tributaria «copia íntegra de los modelos de declaración presentados por la mercantil Rocafort Negocios S. L. (hoy Sorrosal Inversiones S. L.) propiedad de Fuster. Pide en concreto el modelo 347 de «declaración anual de operaciones con terceras personas (operaciones superiores a 3.005,06 euros» y «el resumen anual, modelo 190 (retenciones e ingresos a cuenta del IRPF: rendimientos del trabajo y actividades económicas)». Todo ello relativo al ejercicio 2008, cuando Alperi realizó el polémico viaje que investigadores y acusaciones enmarcan dentro de las prebendas con las que Ortiz habría agradecido al político del PP que le facilitara datos reservados del futuro planeamiento urbano de la ciudad.
Fuster declaró que Alperi, al que le unía una amistad de años, le pidió que le adelantara el dinero para el alquiler del aparato y que cuando después quiso recuperarlo el exalcalde le indicó que se acercara a las oficinas que Ortiz tiene en Valencia, donde se lo abonarían. Ante la negativa a entregarle el dinero, el empresario valenciano aseguró en una primera ocasión que alguien que no conocía le citó en un bar y le entregó un sobre con los 36.000 euros. Una declaración que después modificó para identificar a esta persona como Pedro Muguruza, el hombre de confianza de Ortiz en Valencia.
En esa primera comparecencia, Fuster, al que el instructor del proceso acaba de sacar del procedimiento, aseguró que la cantidad que le adelantó al exalcalde figuraba en su contabilidad como impagada. Ahora el representante legal de Ortiz pretende que se averigüe si el empresario valenciano declaró los 36.000 que asegura haber recibido de manos de uno de sus empleados o si, por el contrario, los ocultó, lo que le podría acarrear problemas legales.
