¿Cómo pudo crearse una bola de 1.860 millones en facturas impagadas y ocultas al presupuesto hasta 2012 sin que nadie tomara riendas en el asunto? Es la pregunta del millón que surge para intentar encontrar una explicación a la irregularidad administrativa que ha acabado con la multa de 18,93 millones que ha impuesto la Comisión Europea al Reino de España, por ocultar el déficit. Una parte de la explicación se obtiene al echar la vista atrás y analizar el historial de consellers de Sanidad, por centrarse en el departamento «líder» en esconder facturas. Cinco de los ocho titulares de Sanidad con el Partido Popular durante los últimos veinte años han acabado imputados en causas judiciales.
Es el caso del exconseller Vicente Rambla, el ideólogo del sistema de las facturas en los cajones, y quien podría haberle puesto freno cuando ocupó las carteras de Hacienda o Sanidad. Rambla se enfrenta a tres años de cárcel y una multa de 52.800 ? por un presunto delito electoral (la definición técnica de financiación ilegal de un partido) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. El PP habría sido financiado por diez constructoras a cambio de concursos públicos, como ha reconocido el empresario Enrique Ortiz esta semana ante la Audiencia Nacional.
Otros cuatro consellers de Sanidad que deberían haber puesto freno al descontrol del gasto sanitario son Serafín Castellano (imputado por favorecer en concursos al empresario de los aviones antiincendios), Rafael Blasco (en la cárcel por malversar las ayudas a la Cooperación), además de Luis Rosado y Manuel Cervera, también imputados por adjudicar contratos a las empresas de la trama Gürtel en la pieza 5 de este caso que juzgará en breve la Audiencia Nacional. Sólo Joaquín Farnós (1995-1999), Jose Emilio Cervera (1999-2000) y Manuel Llombart (2012-2015) se salvan del historial de banquillo de los acusados que acumulan sus sucesores o antecesores.
Una segunda pregunta del millón que surge ante estos desmanes presupuestarios es si se pueden exigir responsabilidades por gastar sin control y sin presupuesto. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales considera nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que supongan gastos superiores a los créditos autorizados. Si se incumple se puede incurrir en responsabilidad contable. Pero apenas supone una falta administrativa para el infractor, si no va acompañada de otros delitos.
