Ni respondieron a ninguna alegación sobre el PGOU de Alicante ni pudieron facilitar información reservada sobre el futuro planeamiento urbano de la ciudad por la sencilla razón de que el documento era público. En estas dos premisas, como eje principal, apoyan los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez su petición de sobreseimiento en el proceso que indaga presuntos amaños en el PGOU y en el que ambos figuran como investigados junto a, entre otros, los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz y el redactor del planeamiento, Jesús Quesada.
José Luis Castedo, hermano de la exregidora, y Gutiérrez, edil socialista y socios ambos del despacho de abogados Salvetti, exponen al magistrado Manrique Tejada, instructor del proceso, lo «ilógico» de atribuirles «haber facilitado información privilegiada a Ortiz, a cuyas órdenes supuestamente trabajaban, cuando de las diligencias practicadas ha quedado abrumadoramente acreditado que el señor Ortiz tenía hilo directo, personal y telefónico, con Sonia Castedo y con Jesús Quesada, jefe del equipo redactor del PGOU».
La defensa de los investigados (antes imputados) destaca que de que entre las «40.000 o 50.000 conversaciones intervenidas a Ortiz» con sus clientes sólo existan «7 u 8» y que, «al margen de una que mantiene con Gutiérrez en julio de 2008, «no exista ninguna ni durante el periodo de redacción del PGOU ni durante el periodo de resolución de alegaciones de la primera aprobación ni una vez aprobado el referido PGOU». Es más, los abogados urbanistas destacan una de las conversaciones intervenidas a Ortiz en la que el empresario afirma «es que... el tema es gordo, estoy viendo el Plan General, macho, y me destroza por todos los lados, es que es increíble» para afirmar que «desbarata la lógica de toda esta causa, que se ha estructurado sobre los supuestos beneficios infundados a los intereses del señor Ortiz».
Los investigados destacan además en su petición de sobreseimiento la declaración del responsable jurídico de Urbanismo, José Luis Ortuño, quien «reconoce expresamente que en la tramitación del plan se ha respetado la legalidad» y el hecho de que el planeamiento no haya llegado a entrar en vigor.
Insisten a lo largo de su escrito en que no se pueden desvelar datos reservados de un documento público, precisan que desde el 17 de octubre de 2008 todo lo relacionado con el PGOU se podía consultar en página web del Ayuntamiento y critican que el fiscal, «después de cinco años de investigación» desconozca cuáles son las «sucesivas presuntas irregularidades que se les imputan».
Castedo y Gutiérrez preguntan qué aspectos del PGOU se han diseñado a la medida de Ortiz y, de haberlos, qué partipación han tenido ellos para asegurar a renglón seguido que ni «realizaron gestión alguna en nombre o a favor de Ortiz ni redactaron alegación alguna a su nombre o en nombre de sus empresas». Niegan asimismo tanto la existencia de cobros por cuestiones relativas al planeamiento como que ejercieran presión alguna sobre los redactores del plan.
Para concluir, dicen de la causa que «se sustenta única y exclusivamente en una serie de conversaciones telefónicas y en el contenido de una serie de informes policiales que, lejos de limitarse a transcribirlas, las interpretan más allá del tenor literal de las mismas». Y sobre los informes precisan que «están basados en graves y flagrantes errores terminológicos y de concepto derivados de un inexplicable desconocimiento de la información que se contiene en los archivos del Ayuntamiento de Alicante».
Los investigados mantienen que «sostener la existencia de hechos que, fehacientemente no existen, sólo para poder lograr la apertura de un juicio oral que permita justificar ocho años de estéril y costosa investigación, (...) no sólo son actuaciones conscientemente arbitrarias sino que atentan contra los más elementales principios de igualdad y del derecho a una tutela judicial efectiva».
