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El Consell pondrá a la venta los últimos terrenos que le quedan junto a Terra Mítica

Intentará hacer «caja» con el suelo que aún conserva en zonas cercanas al complejo de ocio

El presidente Puig junto al conseller Vicent Soler ayer y con otros cargos de Hacienda. EFE

La Generalitat pondrá a la venta los últimos terrenos que le restan junto al complejo de Terra Mítica en Benidorm. La propuesta, en la que ya está trabajando la Sociedad Proyectos Temáticos, supondría desprenderse del suelo del que aún dispone en el entorno del parque, una superficie que en su gran mayoría ya está construida y ocupada por negocios privados con concesiones temporales. La iniciativa forma parte de un plan autonómico -canalizado a través de una ley- para ordenar todo el sector público y que, al margen de la venta de terrenos para hacer «caja» y aliviar la situación de las cuentas del Consell, incluye «limpiar» de enchufados todas las empresas autonómicas, controlar adjudicaciones convertidas en un «foco de corrupción» y «depurar» la nómina de fundaciones -hinchada durante la etapa del PP- para mantener en activo sólo aquellas que tengan colaboración privada.

La intención de la Generalitat con la operación en los terrenos de Terra Mítica es desprenderse de un suelo con el que, en la práctica, ya no cuenta y del que además no podrá disponer en mucho tiempo. La superficie propiedad del Consell, de hecho, está ocupada por proyectos como Terra Natura, un campo de golf o plantas hoteleras con concesiones a largo plazos a cambio de un canon que se abona en entradas o en uso de esas instalaciones. Así que la Generalitat es propietaria pero ni tiene casi beneficios ni puede disponer de los terrenos para proyectos propios ni tampoco estarán a su disposición en muchos años. Así que la intención de la administración autonómica pasa, a día de hoy, por desprenderse de ese suelo. La idea del Consell es recaudar, como mínimo, unos 10 millones por la enajenación de esos terrenos que se sacarán a licitación. Fuentes autonómicas consideran que la operación podría generar, sin embargo, más beneficios económicos a las arcas de la Generalitat, en situación crítica mientras no se resuelva en Madrid el cambio de la financiación.

El plan de actuación para poner orden en el sector público se concretará con una nueva ley que, en principio, se remitirá a las Cortes durante 2017. Mientras, la intención del nuevo Consell de izquierdas -como anunció el presidente Ximo Puig tras una reunión con el conseller Vicent Soler y parte del equipo de Hacienda- es actuar con una norma transitoria para «meter mano» de forma inmediata a un sector que el PP engordó artificialmente hasta convertirse -en casos como el de los sobrecostes en la construcción de colegios- en el epicentro de casos de corrupción; y en el escenario utilizado por el PP para dar cobijo a su ejército de afines. Compromís llegó a denunciar en las Cortes una cifra de 15.000 «enchufados». El objetivo de esta iniciativa, según explicó Puig, es garantizar relaciones de puestos de trabajo «adecuadas» y, al mismo tiempo, introducir mejoras en los procesos de contratación para hacerlos «absolutamente transparentes». «Un nuevo sector público, que fue la puerta de la corrupción en la Comunidad», apostilló.

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