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Absuelven a Ortiz y a tres de sus empleados de tener un arma en sus oficinas

La Audiencia Provincial ratifica que el promotor desconocía la existencia del revólver

Ortiz, a la izquierda, y su letrado, Francisco Ruiz, a la salida del juicio por el arma hallada en Cívica, celebrado en julio de 2014. jose navarro

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto definitivamente de un delito de tenencia ilícita de armas al empresario Enrique Ortiz y a tres de sus empleados después de que los cuatro fueran procesados y juzgados por el hallazgo de un revolver con munición en la sede central del Grupo Cívica, en la calle Alfonso el Sabio. El arma se halló en la primera balda de una de las cajas fuertes de las oficinas por miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante los registros que se llevaron a cabo en Alicante en junio de 2010 en el marco de la Operación Brugal.

Tanto Ortiz como tres de sus empleados fueron absueltos por un juez de lo Penal del delito de tenencia ilícita de armas del que les acusaba la Fiscalía, que solicitaba un año y medio de prisión para cada uno de ellos al no creerse la versión aportada por los acusados.

Según el empleado que asumió la culpabilidad, Vicente Ferrándiz, el arma se la entregó su tío Fred, ya fallecido, con quien compartía su afición por el tiro. Explicó que la puso en la caja fuerte porque no tenía intención de usarla y que dio de baja todas sus armas en 2003, pero que se olvidó de ésta, y que nunca dijo nada sobre ella porque estaba mal visto. «Las armas son como Lucifer para todas las personas que no están acostumbradas a su uso», dijo en el juicio celebrado el 10 de julio de 2014.

El juez falló que el empleado que se autoinculpó era responsable de un delito de tenencia de armas que ya había prescrito, y que el resto de los acusados no conocían la existencia de este revólver pese a trabajar en las mismas instalaciones y ser además uno de ellos, Enrique Ortiz, el máximo responsable de la empresa. El fiscal recurrió en apelación la sentencia (emitida en julio de 2014) ante la Audiencia Provincial de Alicante por entender que la versión de los implicados era ilógica, inverosímil y que se trató de una pantomima creada por una estrategia de defensa conjunta entre el abogado de Ferrándiz, el letrado Alejandro Bas, y el del resto de acusados, defendidos por Francisco Ruiz Marco.

Según se recoge en el fallo de la Audiencia, el acusador público sostenía que el juez de lo Penal que absolvió a los procesados aceptó sin más que fue Ferrándiz quien puso el arma en la caja fuerte por el mero hecho de afirmarlo, dando este hecho lugar a un «indicio incorrectamente valorado». Para el Ministerio Público todos los juzgados eran responsables de la tenencia del arma y poco menos que venía a decir que el juez «tragó» con la premisa de partida: que el arma era del trabajador que se autoinculpó, que la recibió como regalo de su tío, y que no era de todos.

El fiscal llegó a solicitar a la sala que tenía que resolver el recurso de apelación un visionado de la grabación que hizo la Policía del registro en las oficinas de Ortiz para acreditar que los implicados conocían la existencia del revólver, un Smith & Wesson que no estaba legalmente registrado y para el que se necesitaba un permiso especial del que todos los ya absueltos carecían.

Coposesión

Finalmente, la sala rechazó el visionado del vídeo y ha dado la razón al juez de lo Penal ratificando las cuatro absoluciones: la de Ferrándiz por prescripción del delito y la de Ortiz y los otros dos empleados «por no quedar acreditado que tuvieran conocimiento del mencionado revolver en la caja fuerte».

La sentencia recoge que el Ministerio Fiscal «estima que concurre un supuesto de tenencia compartida» o coposesión al tener todos acceso a la caja fuerte y que Ferrándiz asumió la responsabilidad para exculpar a los otros acusados. A este respecto, la sala alega que no existen «elementos objetivos de juicio que permitan rectificar la valoración del juez». Además, prosigue el fallo, si se admitiera como cierto que Ferrándiz se autoinculpó con el fin de exculpar al resto, no queda acreditado a quien pertenecía el arma «ni la existencia de un pacto en la posesión o disponibilidad del arma de forma indistinta por los acusados».

Al ser preguntado por este diario, el letrado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, declinó hacer una valoración.

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