Los concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia «investigados» en la operación Taula trabajan ya con la idea de que serán expulsados del partido y acabarán la legislatura como ediles «no adscritos». La situación en la organización les es completamente adversa y saben que la dirección regional, con Isabel Bonig al frente, acabará expulsándoles del partido y pidiéndoles el acta formalmente, cosa que ellos no están dispuestos a hacer «convencidos de su inocencia».
Ayer mismo Isabel Bonig se reunió con el concejal Félix Crespo el día anterior lo había hecho con otros seis ediles y le dijo lo que al resto, que el acuerdo alcanzado en su día era que entregaran el acta voluntariamente cuando se levantara el secreto del sumario y que, por tanto, el próximo lunes le enviarán un requerimiento formal con un plazo para que dejen el acta de concejal.
Ellos, por su parte, le han dicho unánimemente que el expediente disciplinario que les han abierto en Madrid es jerárquicamente superior a cualquier decisión adoptada en Valencia y que se acogerán a ese expediente, en el que la expulsión se produciría cuando se abriera juicio oral.
Cada vez más distancia
La brecha entre Bonig y el Grupo Popular de Valencia es ya tan grande que de los dos concejales que quedan por reunirse con ella uno, Alberto Mendoza, no tiene fecha para ello y la otra, María Jesús Puchalt, fuera de la ciudad, no tiene intención de acudir a la cita.
Así las cosas, cada parte empieza a madurar sus posiciones. En el partido lo tienen claro. Según fuentes del PP, el expediente informativo abierto en Madrid no tiene nada que ver con la decisión adoptada en Valencia. Son cosas distintas que pueden evolucionar paralelamente sin que una interfiera en la otra, dijeron.
La explicación es que el expediente informativo abierto por el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, cuyo instructor se nombró ayer, tiene como objetivo conocer los hechos ocurridos en Valencia, concretamente la trama de los 1.000 euros, consistente en el ingreso de esta cantidad en la cuenta del partido para luego recogerlo en efectivo. 48 concejales y asesores del PP están siendo «investigados» por esto.
Por su parte, dicen las fuentes, el PP regional ha marcado unas directrices políticas para los cargos públicos valencianos que fijan la dimisión en el momento que se produce su imputación, ahora investigación.
Además, esa línea roja se confirmó en un acuerdo alcanzado al inicio del proceso por el que los concejales abandonarían voluntariamente el ayuntamiento si tras levantarse el secreto del sumario seguían «investigados», como así ha ocurrido.
Los concejales persisten
Por lo que respecta a los concejales, la situación también es clara. Partiendo de la idea de que son inocentes y de que podrán demostrar su inocencia, no están dispuesto a acatar la línea roja del PP valenciano. Así pues, tienen claro que serán expulsados del partido y que para continuar en la corporación municipal tendrán que hacerlo como «no adscritos». Ya dan por hecho que eso será así y que las consecuencias para el PP de Valencia pueden ser graves.
En el caso de, efectivamente, abandonar el Grupo Popular, en este grupo, el más grande del Ayuntamiento de Valencia, con 10 concejales, sólo quedaría un miembro, Eusebio Monzó, que no participó en las donaciones al ser incorporado a la lista a última hora y como independiente.
Al seguir ocupados los escaños de concejal, no habría la posibilidad de que entraran los siguientes de la lista popular, lo que permitiría mantener el grupo intacto aunque fuera con otras caras.
En estas circunstancias, el PP, que ya dejó el gobierno tras las elecciones del pasado mes de mayo, no ostentaría ni siquiera el liderazgo de la oposición, papel que ahora tendrían sus compañeros no adscritos y el Grupo Ciudadanos, que tiene seis concejales y en la actualidad ya asume, de facto, esa responsabilidad.
En definitiva, el panorama más probable para los próximos meses es la ruptura del Grupo Popular y de su protagonismo en el Ayuntamiento de Valencia.
