La consellera de Vivienda y Vertebración del Territorio, María José Salvador, anunció ayer que la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda, que aprueba mañana el Consell, establecerá multas de hasta 30.000 euros para los bancos y grandes propietarios de pisos (de diez en adelante) que no cedan a la Generalitat viviendas vacías (dos años deshabitadas), a fin de crear una red social para atender a personas con necesidades o desahuciados. Según los datos que maneja la Generalitat, en la Comunidad Valenciana existen 500.000 casas vacías, de las que 209.024 se ubican en la provincia de Alicante.
Salvador presentó ayer junto al jefe del Consell, Ximo Puig, el anteproyecto que pasará a las Cortes. De momento, el texto de la ley autonómica no incluirá la posibilidad de expropiaciones, ya que está en vigor la Ley Estatal de Segunda Oportunidad.
La norma pretende hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española y, además, prevé sanciones a entidades o grandes propietarios que no pongan a disposición sus viviendas vacías. Las multas irán en una horquilla de entre 600 y 30.000 euros. Incluye medidas para evitar desahucios, e incluso, la expropiación de viviendas, aunque esto queda en suspenso hasta que la ley estatal de segunda oportunidad acabe su vigencia (mayo de 2017) o se derogue.
Se creará un registro de viviendas vacías, en el que se inscribirán las casas de grandes propietarios (aquellos con más de diez residencias) que lleven más de dos años deshabitadas y sean declaradas vacías por una resolución de la Generalitat.
Quedan excluidos de este registro los particulares, así como las viviendas destinadas a segunda residencia, a usos turísticos o profesionales, los dotacionales, los que se ofrecen en venta o alquiler, los que están pendientes de partición hereditaria o los afectados por traslados temporales.
La Generalitat creará también un registro de oferta y demanda para aquellos particulares que quieran inscribir inmuebles de forma voluntaria, además de establecer ayudas públicas al alquiler y contra la pobreza energética y medidas de estímulo para el alquiler.
