El juicio por los presuntos amaños en el Plan Zonal de residuos de la Vega Baja no podrá celebrarse por lo menos hasta dentro de tres años, según las fuentes judiciales consultadas por este diario, por lo que podría coincidir con las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019. Las mismas fuentes apuntaron que todo dependerá de la celeridad con la que el juzgado tramite los recursos contra el auto de la juez por el que procesó a los trece acusados, entre los que se encuentran el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz. Aunque la investigación judicial ya se ha dado por finalizada, la resolución de los estos recursos y los últimos trámites podrían demorar unos tres años más el fin del proceso.
La Audiencia prevé pedir un refuerzo especial al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) cuando tenga que celebrar el juicio a fin de evitar que la sala desplazada a Elche quede totalmente paralizada para una vista oral que podría prolongarse varios meses.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado esta semana su escrito de acusación en el que reclama penas que suman más de 135 años de cárcel para los trece acusados por delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios. En breve, deberán hacerlo el resto de las acusaciones particulares, pero entre tanto están pendientes de resolver los recursos presentados ante la Audiencia contra el procesamientos de los acusados, aunque este trámite no tiene por qué suspender la marcha del procedimiento salvo que así lo decida la magistrada. Las acusaciones particulares, entre las que se encuentran las plataformas contra el vertedero de Albatera, Granja de Rocamora y Cox, han planteado a la Audiencia que la investigación se amplíe a los años del mandato de Luisa Pastor en la Diputación.
Con todos los escritos de acusación en el juzgado será el momento en el que la juez decrete la apertura de juicio oral, y después de que presenten sus escritos de conclusiones provisionales todas las defensas enviará la causa a la Audiencia para juzgarlo.
En el caso de los presuntos sobornos en la contrata de la basura de Orihuela, que es otra rama del caso Brugal, el juzgado paralizó los plazos a la espera de que la Audiencia resolviera los recursos contra el procesamiento de los 35 acusados, dictado en octubre de 2014, y sigue aún a la espera de que resuelva la Audiencia.
Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que los trámites para la resolución de todos los últimos recursos por el Plan Zonal antes de que la causa llegue a la Audiencia podrían demorarse todavía durante dos años más. En el caso Mercalicante, los últimos recursos en los que se resolvió ampliar el número de acusados en el banquillo demoraron la fecha del juicio hasta cuatro años.
Una vez llegue al caso a la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, será el turno de buscar fecha para celebrar el juicio. Aunque sala arrastra una lista de espera de varios años, fuentes de la Audiencia precisaron que una vez llegue el asunto, no tardarían más de seis meses en señalarlo.
El primer problema será buscar fechas a las que puedan asistir todos los abogados para un juicio cuya duración podría ser de varios meses. La propia sala no descarta hasta señalar sesiones por la tarde para arreglar estos problemas de agenda.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que, una vez que se designe al ponente del tribunal, se solicitará un refuerzo al TSJ para evitar que la sala quede totalmente paralizada durante los días que se celebre la vista, así como los que necesite el ponente para dictar después la sentencia.
La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha limitado a seis meses el plazo de las investigaciones judiciales y a 18 meses en el supuesto de que se trate de casos de especial complejidad. En este caso el fiscal lo pidió, pero la juez no lo acordó ya que daba la investigación por acabada. Desde el Ministerio Público se han mostrado muy críticos con esta reforma porque «el problema no es el tiempo que duran las investigaciones, sino todos los meses de espera y hasta años que el asunto totalmente acabado está esperando juicio».
