La Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos relacionados con la corrupción urbanística al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en el escrito que ha presentado hoy por el llamado caso Brugal.
El fiscal pide penas que suman 16 años de prisión para Ripoll y 17 para Ortiz, a quienes se les acusa de los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude.
El que fuera vicepresidente de la Generalitat Valenciana y también presidente del PP de la provincia de Alicante se enfrenta, además, a una inhabilitación de 44 años.
El ministerio público pide multas de un millón de euros para el político del PP, la misma cantidad para el empresario Ángel Fenoll, a quien reclama también otros 17 años de cárcel y 20 de inhabilitación, y 300.000 euros para el promotor alicantino y otros 20 de inhabilitación.
Para el dirigente socialista Antonio Amorós la pena solicitada es de 4 años y 9 meses de cárcel por los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y fraude, la misma pena que solicita para la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.
Los acusadores públicos cifran en 24 años y 6 meses la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o función pública para Lorente.
Para el empresario de Alicante Rafael Gregori se pide 17 años de prisión, 20 de inhabilitación y un millón de euros de multa por los delitos de información priviligiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.
El hijo de Fenoll se enfrenta a una petición de pena de 8 años y 9 meses de cárcel, solicitud que en el caso del empleado de Ortiz José Candel se eleva a 10 años. Para el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Vicente Gomis se piden 3 años de prisión e inhabilitación de 10 para cualquier cargo público.
Por otro lado a Jorge Sanz, colaborador de Ángel Fenoll, se le piden 3 años y 6 meses de prisión y 8 de inhabilitación.
El técnico Pedro Enmanuel Sáez tiene ante sí la petición de 10 años y 3 meses de cárcel.
Para el acusado Manuel Garriga, responsable de la empresa adjudicataria del macrovertedero, se piden 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Ángel Luis Bracho, delegado comercial y representante para la zona de Alicante de Sufi, se enfrenta a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación.
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.
Ripoll y los principales implicados en la rama del Plan Zonal fueron detenidos en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y dirigida por Anticorrupción y un juez de Orihuela en julio de 2010.
Esa operación incluyó un llamativo registro en la sede de la Diputación alicantina, así como en el domicilio particular del propio Ripoll, en el ayuntamiento de Orihuela y en numerosas empresas involucradas en el presunto amaño.
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