Casi un año después de que el fiscal Felipe Briones lo planteara por primera vez, el instructor del proceso que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico de Rabasa ha trasladado a las partes la petición para que la cúpula de Ikea sea citada a declarar. El magistrado César Martínez, en lo que supone la reactivación de esta instrucción tras casi un año de parálisis, quiere que acusaciones y defensas se pronuncien acerca de que, como reclama Briones, comparezcan ante el juez como testigos el que fuera director de Expansión de Ikea Ibérica S.A.U., Sylvain Laval, el subdirector, Pedro Campelo Sánchez, así como a los letrados de la multinacional Álvaro Unamuno Bengoechea y Marta Sanz, además de Javier Llorens, empleado de Enrique Ortiz.
El fiscal justifica la petición, que ha tenido que reiterar hasta en tres ocasiones, «para mejor depuración de los hechos investigados» dado que lo que se indaga en este proceso es la tramitación urbanística de unos terrenos en los que desde hace años pretende instalarse la multinacional sueca. Además de Ortiz, en la causa está investigada la exalcaldesa Sonia Castedo, entre otros, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
Ortuño
En el mismo escrito en el que reclama estas testificales, el fiscal se opone al archivo de las actuaciones solicitado para el que fuera jefe de los servicios jurídicos municipales de Urbanismo, José Luis Ortuño, investigado por su actuación durante el tiempo que el Tribunal Superior de Justicia mantuvo suspendido este planeamiento. En concreto, según precisa el fiscal, se investiga su participación «a través de los informes que avalaron la continuación de la tramitación del expediente para la instalación de Ikea en Alicante».
El juez también comunica a la partes la petición del fiscal para que la causa sea declarada compleja, lo que permite ampliar las instrucción en hasta 18 meses prorrogables y evitar así la prescripción, que se produciría a principios de junio en caso contrario, en virtud de los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para supuestamente agilizar los procesos judiciales.
