A la vista del 1.157.305 euros en que la instructora cifra el perjuicio económico provocado por la adjudicación de un macrovertedero que aún no ha visto la luz, el abogado de Enrique Ortiz ha solicitado que se concreten los gastos del consorcio del plan zona de residuos de la Vega Baja «indicando la cuantía y naturaleza (gastos de personal, financieros...)», desembolsos que, según indica, «nunca pueden ser considerados perjuicios ocasionados por uno o varios hechos delictivos». M. G.
