El magistrado Manrique Tejada, instructor del proceso en el que se investigan supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones para el exdirector general adjunto de Bancaja y responsable de la filial inmobiliaria de la entidad, José Cortina, quien estaba imputado (ahora investigado) en esta causa por los delitos de información privilegiada y tráfico de influencias.
El magistrado responde así a la petición planteada por la defensa de Cortina después de que la Policía entregara en el juzgado el informe que realizó acerca de la auditoría encargada por Bankia sobre las relaciones empresariales entre el promotor Enrique Ortiz, también investigado en este procedimiento, y la extinta caja de ahorros, a través de la sociedad Deproinmed (actual Urbanika).
En sus declaraciones ante el propio Tejada en octubre de 2011, antes de que el asunto se enviara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por el aforamiento de los también encausados Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos exalcaldes de Alicante y en aquellos momentos diputados autonómicos, Cortina admitió que Alperi le presentó al hermano abogado de la exregidora en un encuentro en el que también estuvo Ortiz y que se reunió con Castedo cuando era concejala de Urbanismo, pero puntualizó que siempre fue para actividades «lícitas» dentro de las gestiones empresariales habituales.
Las acusaciones, que pueden recurrir el auto dictado por Tejada, sitúan al exdirectivo de Bancaja como cooperador necesario para que Ortiz obtuviera de la entidad la financiación que precisaba.
Echando mano de la exposición razonada con la que remitió este asunto al TSJ, donde ya planteaba la posibilidad de que Cortina fuera excluido del procedimiento, Manrique Tejada afirmaba que en aquellos momentos, de lo investigado se concluía «que el imputado José Cortina no ha obtenido información directa facilitada por funcionario o autoridad pública, ni capacidad de influencia sobre estos cargos públicos, sino que dicha información e influencia era presuntamente ejercida por el imputado Enrique Ortiz que parecía actuar como intermediario entre sus socios y los funcionarios y cargos públicos municipales». Y añadía que «el posible delito de aprovechamiento de información privilegiada con obtención de beneficio sólo podrá consumarse una vez se ejecute el planeamiento de desarrollo a resultas de la revisión del Planeamiento general aprobado definitivamente en el sector concreto que ha sido objeto de la investigación».
En línea con estas conclusiones el instructor mantiene ahora que se «desde que se acordó la exposición motivada ninguna diligencia posterior, incluido el informe de la UDEF, ha venido a modificar el criterio sostenido por el proveyente, y dado que del resultado de la instrucción practicada no se desprende indicio alguno de criminalidad contra el señor Cortina que pudiera justificar la continuación de mismo en calidad de investigado es por lo que, de conformidad con lo solicitado, es procedente acordar el sobreseimiento provisional».
Sobre el informe de la UDEF acerca del la auditoría de Urbanika afirma el instructor, en respuesta a un escrito de la defensa de Ortiz donde se queja de «contracciones y errores», que «por parte de la Policía se constatan datos objetivos de la mencionada sociedad sin que se consignara en el mismo signo alguno de que sus operaciones mercantiles pudieran tacharse de irregulares y menos aún delictivas». También Cortina ha criticado las conclusiones a las que sobre esta auditoría han llegado los agentes de la UDEF, a los que acusa de «falta de rigor». Una auditoría que, según apunta, «fue analizado por la Fiscalía Anticorrupción acabando en su archivo».
Rechazo a más declaraciones
Tejada ha rechazado la petición del letrado de EU, acusación popular en este proceso, para que citara a declarar en esta fase de instrucción a los autores de la auditoría que KPMG realizó de Urbanika a instancias de Bankia.
