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La juez cita al hermano del exedil Andrés Llorens como testigo por las obras del Plan E

El familiar del exconcejal declarará por la instalación de 40 contenedores soterrados en Alicante

Contenedores soterrados en Alicante en una foto de archivo C. DE MIDDEL

El juzgado que investiga presuntos amaños en las obras del Plan E en Alicante amaños en las obras del Plan E en Alicante ha citado a declarar como testigo al hermano del exedil de Atención Urbana por la instalación de 40 contenedores soterrados en el casco antiguo de la ciudad, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. En la causa están imputados un técnico del área de Atención Urbana, José Lidón, y representantes de las mercantiles Becsa y CCMS, adjudicatarias de los proyectos bajo sospecha: el soterramiento de los contenedores y la renovación de la Explanada y la Plaza de la Montañeta. El juez investiga si entre el técnico y las empresas se repartían proyectos del Plan E confeccionándose pliegos a medida. Los informes policiales (publicados por este diario en julio de 2013) confirmaban la existencia de irregularidades en las adjudicaciones.

La adjudicataria del proyecto de los contenedores había subcontratado a una mercantil en la que trabajaba el hermano del entonces concejal el suministro de estos recipientes. El pliego de condiciones por el que se adjudicó este contrato plagiaba textos del catálogo de la empresa proveedora antes de que llevase a cabo la adjudicación y de que se adquirieran los depósitos. Felipe Llorens tenía que haber testificado este martes en el juzgado junto con otros dos testigos, pero no se le pudo localizar para entregarle la citación. La fecha está condicionada a cuándo se pueda localizar su paradero. La comparecencia del hermano de Llorens había sido propuesta por la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal, que está personada en la causa como acusación popular, en septiembre de 2013. Becsa adquirió un total de 140 contenedores a la empresa en la que trabajaba este testigo.

La investigación arrancó en el verano de 2011 tras la detención del técnico y los dos empresarios investigados, que quedaron en libertad tras comparecer en el juzgado de guardia. Posteriormente fueron citados a declarar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero se acogieron a su derecho a no prestar declaración en las dos ocasiones. El pasado mes de abril el anterior juez instructor del caso, Javier Sarabia, fue ascendido a la sección ilicitana de la Audiencia y el juzgado ha sido asumido por una nueva magistrada. Como ya publicó este diario, tras aterrizar en el destino y haberse estudiado la causa, el juzgado ha retomado la investigación con estas nuevas citaciones.

De las tres pruebas previstas, sólo se ha podido tomar declaración a un representante de una de las mercantiles investigadas.

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