La sucesión de escándalos políticos y casos de corrupción que sacude al PP en la Comunidad Valenciana ha puesto de relieve en este inicio de 2016 el final del ciclo político de una generación de dirigentes llamada, en teoría, a prolongar en el tiempo la hegemonía de los populares que se inició con Eduardo Zaplana en 1995, aunque en la capital autonómica se adelantó cuatro años (1991) con la llegada a la alcaldía de Rita Barberá, ahora senadora, también contra las cuerdas por el supuesto blanqueo de dinero en el grupo municipal.
La decisión de la juez de Orihuela Rosa María Villegas de sentar en el banquillo al expresidente de la Diputación y provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y a la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, por supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja -el conocido como «caso Brugal»- es la última entrega, de momento, de este certificado de defunción política de un grupo de altos cargos del PP que disfrutaron de mayorías absolutas insólitas, probaron las mieles de un poder casi omnímodo y han caído en desgracia por investigaciones judiciales y posibles corruptelas.
Tres días antes del procesamiento de Ripoll y Lorente, y en plena escandalera nacional por la «operación Taula» en Valencia, el pasado lunes ingresaba en la cárcel de Fontcalent el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón García Santos, para cumplir condena por una estafa inmobiliaria cometida cuando ya estaba fuera de la corporación municipal. No es su único problema con la justicia, puesto que García Santos está pendiente del Supremo por otra condena de dos años de la Audiencia Provincial de junio de 2015 por otra estafa en otra promoción inmobiliaria de la que fue su empresa, Planesia, cuando dejó la política, a la que llegó de la mano del exalcalde Luis Díaz Alperi, otro político bajo sospecha por diferentes asuntos, el más reciente de ellos el viaje que realizó en agosto de 2008 a Creta en un jet, en compañía de la entonces concejala Sonia Alegría. El empresario que pagó ese viaje, Ricardo Fuster, declaró el pasado día 26 al juez que quien le dio los 36.000 euros para pagar ese viaje de Alperi fue el gerente del empresario Enrique Ortiz. Siempre Ortiz, el «perejil» en todas las salsas de la supuesta corrupción más o menos reciente ligada al PP.
De modo que los nuevos problemas judiciales de García Santos, Ripoll y Mónica Lorente cierran en este inicio de año el círculo de esta generación perdida del PP, de la que también forman parte otros ilustres dirigentes apartados de la política, en mayor o menor medida, por sus contenciosos en los tribunales: la exalcaldesa Sonia Castedo y sus acólitos durante su mandato como primera edil Andrés Llorens, Marta García Romeu y Juan Seva. Ha habido otros concejales populares de Alicante condenados en los tribunales por su actividad al margen de la política, como el exdeportista olímpico Kiko Sánchez, pero el medallista en Barcelona'92 nunca formó parte del núcleo de dirigentes con peso específico suficiente para tener un papel relevante y perpetuar el legado de Zaplana a escala provincial y Díaz Alperi en la capital.
Los siete exaltos cargos que aquí nos ocupan -cuyas edades oscilan entre los 42 años de García Romeu y los 58 de Ripoll- han coincidido en el espacio (PP) y en el tiempo de sus carreras políticas, si bien la de García Santos fue mucho más fugaz: ejerció como concejal de 1995 a 1999, aunque en 2005 intentó sin éxito reengancharse como candidato a la presidencia local del PP en aquellos «años de plomo» de la guerra interna entre campsistas y zaplanistas, en la que Castedo y Ripoll también tuvieron un destacado protagonismo.
García Santos fue ascendido a Urbanismo por Díaz Alperi tras el enfrentamiento entre los también concejales del equipo de gobierno Pedro Romero y Maribel Díez de la Lastra. Indirectamente, la salida del Ayuntamiento del ahora encarcelado por estafa urbanística, que había coincidido en Nuevas Generaciones con Sonia Castedo, contribuyó a la llegada al equipo municipal de gobierno en 1999 de la que hasta entonces había ejercido como jefa de prensa.
Por edad (47 años cumplirá en diciembre), energía vital, repercusión pública y proyección política frustrada, la de Castedo es la caída en desgracia más sonada de esta generación extraviada. Dotada de gran habilidad para las relaciones sociales, «la ambición rubia», como la conocen en su propio partido, se labró una progresión meteórica en el PP y el consistorio. Empezó como delegada de Turismo y Playas y en 2003 Alperi le encomendó Urbanismo, un año antes de hacerla primera teniente de alcalde. La proyección culminó en septiembre de 2008 cuando Castedo se convirtió en la primera alcaldesa de Alicante tras la renuncia de su mentor. Ya como cabeza de lista, en las elecciones de 2011 batió todos los récords del PP y consiguió 18 de los 29 concejales y el 52% de los votos.
El enorme poder que concentró en sus manos Castedo le impidió calibrar el peligro de su proximidad con el constructor Enrique Ortiz. Tres años después de su toma de posesión, y en medio de una fuerte polémica de alcance nacional, se vio obligada a dimitir en diciembre de 2014 tras su implicación en el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana y el «pelotazo» de Ikea en Rabasa. En ambos casos, el presunto beneficiario sería Ortiz. Tras un fugaz paso por la televisión como contertulia, Castedo se dedica en la actualidad a una empresa de servicios e intermediación y confía en que se archiven las dos causas contra ella.
Los otros tres protagonistas de esta historia -Andrés Llorens, Juan Seva y Marta García Romeu- sonaron en diferentes momentos como «delfines» o posibles relevos de la exalcaldesa, pero también acabaron apartados de cualquier carrera sucesoria por sus problemas con la justicia o su excesiva afinidad con Castedo.
Hombre de gran predicamento en el mundo fogueril, notable facilidad para el trato social, pero escasa ambición para el liderazgo, «Nino» Llorens (1960) llegó al Ayuntamiento en 1999 como «fichaje de relumbrón» desde la presidencia de la Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan. Asumió la concejalía de Fiestas y, en el siguiente mandato, también se hizo cargo de Turismo. Su peso político fue en aumento, en paralelo a su cercanía con Castedo y asumió áreas de primer nivel (Hacienda, Servicios y Mantenimiento o Atención Urbana), así como la primera tenencia de alcaldía. Fue el sustituto provisional de la alcaldesa dimisionaria hasta el nombramiento de Miguel Valor y se sentará en el banquillo por la adjudicación de las obras de la plaza de Magallanes en junio de 2009, a pesar de que los trabajos habían finalizado el 17 de marzo y se inauguraron el 11 de mayo de ese año.
Juan Seva (1965) aterrizó en el PP de la mano de Eduardo Zaplana. Lo vio claro y abandonó su breve paso por el Centro Democrático y Social (CDS) para apostar a «caballo ganador». Con apenas 30 años, y experiencia la justa, se convirtió en concejal de Hacienda y Personal del primer gobierno de Alperi. Licenciado en Políticas y Sociología, deportista practicante, fue edil de Deportes y senador territorial entre 1999 y 2003. Pasó a las Cortes en el siguiente mandato y volvió en 2007 como «superconcejal» de Recursos Humanos, Fomento y Empleo, Seguridad, Tráfico y Transporte. Tercer teniente de alcalde en el último mandato del PP, fue inhabilitado en enero de 2015 por el juez para administrar bienes ajenos durante dos años por su gestión en el consejo de administración del Club Baloncesto Lucentum, cuya deuda se disparó hasta ocho millones de euros por irregularidades contables y retraso en la declaración del concurso. Actualmente, Seva ejerce como profesor de educación física en un instituto de Torrellano.
Finalmente, García Romeu (1973) llegó al consistorio como asesora en 1999 y cuatro años después se convirtió en edil de Partidas Rurales. Licenciada en Derecho y profesora universitaria de Orientación y Formación Laboral, ocupó diferentes responsabilidades hasta convertirse en el último mandato en edil de Urbanismo, portavoz y segunda teniente de Alcalde. Sus problemas judiciales se limitan a una querella por supuesta prevaricación que ha sido archivada, pero le ha penalizado sobremanera su amistad con Castedo y su participación en la famosa «fiesta de los pijamas» con Ortiz en Andorra en 2008. En las últimas elecciones municipales y autonómicas, ya fuera de la lista municipal, buscó hueco en la candidatura a las Cortes, pero fue relegada al puesto 15º y no logró el escaño.
En los comicios municipales de mayo, ya con las listas renovadas y «depuradas» de los protagonistas de los supuestos casos de corrupción, el batacazo del PP en Alicante fue de gigantescas proporciones: pasó de 18 a 8 concejales y del 52% de los votos al 25,6%. Los propios y ajenos en el partido achacan el descalabro a «la herencia» de las irregularidades, anomalías y ruido en los juzgados.
Fuera del Ayuntamiento de Alicante y del «núcleo duro» de Castedo; alineada, por el contrario, con el sector zaplanista, Mónica Lorente (1971) también se formó en las Nuevas Generaciones del PP, llegó a la dirección provincial del partido en 1999 y en 2007 se convirtió en alcaldesa de Orihuela por amplia mayoría absoluta. Al amparo de Ripoll, fue portavoz y vicepresidenta de la Diputación. Además de su implicación en el «caso Brugal», ha sido inhabilitada para cargo público durante nueve meses por la adjudicación de las obras de una plaza después de su ejecución, el mismo caso que Llorens en Alicante. Tras la pérdida de la alcaldía en 2011 y sucesivos choques internos ha pedido la baja en el PP.
