Obtener beneficios económicos, máxime cuando se trata de un empresario, no es delito, «al menos de momento». Con esta afirmación, no exenta de ironía, ha respondido la defensa del promotor Enrique Ortiz al oficio de la Policía sobre el informe elaborado por la auditora KPMG a instancias de Bankia acerca de los negocios del empresario con Bancaja. Una investigación que cuestiona la racionalidad económica de estas operaciones para la extinta caja de ahorros pero donde no se hace mención a hecho delictivo alguno, como se encarga de recalcar el abogado Francisco Ruiz Marco.
En un escrito remitido al instructor del proceso que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, en el marco del que encargó esta diligencia y donde el empresario, entre otros, figura como investigado, el letrado llama también la atención sobre el hecho de que los agentes se hayan referido «durante los ocho años que dura la investigación» a Deproinmed (lo que después fue Urbanika) como «una sociedad controlada por el señor Ortiz» mientras que en el oficio entregado ahora queda claro que se trata de «una sociedad de capital integrada por dos gigantes mundiales del mercado financiero (Grupo Bancaja) y del mercado de la promoción y construcción inmobiliaria (Grupo Villar Mir/Espacio), sociedad en la que, por cierto, jamás el Grupo Ortiz ostentó la mayoría del capital social».
Como consecuencia de ese reparto accionarial, «y como se ha encargado de demostrar la propia UDEF», destaca el letrado, «el señor Ortiz en el seno de la sociedad Deproinmed S. L. no pudo adoptar ni una sola decisión sin el consenso del otro consejero delegado mancomunado (es decir, el Grupo Bancaja) y lo mismo sucedió en el seno de la junta general».
A Ruiz Marco también le sorprende lo que él denomina «rectificaciones o acrobacias cercanas a lo circense» porque «hasta ahora el Grupo Bancaja (y en concreto Bancaja Hábitat) aparecía en los autos como una especie de cooperador del señor Ortiz y beneficiario de los delitos investigados mientras que ahora, a la vista del oficio de la UDEF, se le pretende transmutar en una especie de víctima y perjudicada por las mismas conductas por las que anteriormente había sido imputada a título de coautoría o cooperación necesaria».
La acusación popular que se ejerce en nombre de EU ha pedido al magistrado que cite a declarar a los auditores que realizaron el informe de KPMG encargado por Bankia y que ahora forma parte del procedimiento del PGOU.
