Las defensas del expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, de la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente y del empresario Ángel Fenoll recurrirán el auto judicial que les procesa por el vertedero de basuras de la Vega Baja en el llamado caso Brugal, según confirmaron a este diario fuentes cercanas a los investigados. Entre las defensas que aún no tienen claro el recurrir la decisión judicial, se encuentra el abogado del empresario Enrique Ortiz, aunque tomará la decisión final en los próximos días. El abogado de Ripoll, Fernando Candela, incidió en que en el auto dictado por la juez «no hay hechos de relevancia penal» que afecten a su cliente y que se reunirá en los próximos días con él para tratar del recurso.

La juez de Orihuela Rosa María Villegas ha procesado a un total de 14 personas, entre políticos y empresarios, a los que acusa de formar parte de una trama organizada encaminada a obtener favores de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada mediante dádivas a funcionarios y autoridades con competencias en la tramitación del Plan Zonal, con el objeto de obtener favorables a los intereses de los empresariostrama organizada encaminada a obtener favores . La juez les imputa delitos de prevarivación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida a los funcionarios. También ha emplazado a las mercantiles de los implicados a personarse en la causa por si deben hacer frente a responsabilidades civiles. Las empresas son Proambiente, Sufi, Cespa, Ortiz e Hijos, Autisa, Alternativas Medioambientales y Novalis, según el auto judicial.

Algunas de las defensas consideran que el auto es muy impreciso y no concreta qué hechos delictivos atribuye a cada uno de los imputados, al tiempo que consideran insuficiente el plazo que les da la juez para presentar los recursos: Cinco días para los que se presenten ante la propia juez y diez para los que sean de apelación ante la Audiencia Provincial. Algunos letrados se lamentaban de que ante el volumen de la causa van a tener el despacho prácticamente paralizado para presentarlo a tiempo.

El auto ha dado también un plazo de veinte días a las acusaciones para que pidan la apertura oral y concreten qué delitos imputan a cada acusado a través de sus escritos de conclusiones provisionales. Las fuentes consultadas por este diario precisaron que, sobre el papel, los recursos que presenten las defensas no tienen por qué interrumpir el plazo para que se presenten los escritos de acusación, aunque la decisión última dependerá de la juez. En el caso de la rama que afecta a la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela, otra de las piezas del caso Brugal y que ha instruido la misma juez, el plazo sí ha quedado paralizado a expensas de que la Audiencia resuelva los recursos planteados por las defensas.