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El PP intenta ofrecer imagen de dureza contra la corrupción y suspende ya de militancia a Ripoll

La cúpula popular deja fuera del partido al expresidente provincial sin esperar al juicio de Brugal

Acuciado por la sucesión de investigaciones por corrupción y desesperados por tratar de ofrecer imagen de mano dura, la dirección regional del PP acordó ayer la suspensión inmediata de militancia del antiguo número uno popular en Alicante y expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll. La decisión del Comité Regional de Derechos y Garantías del PP se produjo apenas 24 horas después de conocerse el auto que llevará a Ripoll a sentarse en el banquillo imputado por media docena de delitos de corrupción a raíz del supuesto amaño del plan de basuras de la Vega Baja a favor del empresario Enrique Ortiz. La resolución, tomada como consecuencia de la gravedad de las imputaciones, se produce en medio de una avalancha de revelaciones judiciales que dejan sin margen de maniobra a la cúpula del PP y que pone a toda la organización contra las cuerdas.

La normativa interna aprobada por los populares en el congreso que se celebró en Sevilla prevé que, en el momento que se conozca el auto de procesamiento de un militante, el expediente informativo que se abre con la imputación -trámite que ya se había iniciado contra Ripoll- se convierte en disciplinario, a expensas de una eventual expulsión en el caso de condena. Pero, de todas maneras, el comité de conflictos tiene la potestad de acelerar los plazos y de proceder a la suspensión de militancia en función de la gravedad de los hechos. Y eso, en un intento de ofrecer una imagen de dureza y de tolerancia cero contra la corrupción, fue lo que hizo la dirección regional del PP. Joaquín Ripoll fue suspendido ayer de militancia y, en el caso de condena, será expulsado de forma definitiva. La otra exdirigente popular envuelta en el escándalo, la oriolana Mónica Lorente, ya fue apartada en mayo de 2015 cuando apoyó una candidatura municipal diferente a la del PP.

Marcado por la operación Brugal y por el registro de la Diputación durante su etapa en el Palacio Provincial, Ripoll está al margen de la vida interna de los populares desde 2011. A finales de ese año, abandonó la presidencia provincial del PP que en el verano de 2012 pasó a José Císcar durante el cónclave que se celebró en la Universidad de Alicante. Las investigaciones por corrupción han terminado con la carrera política de los últimos presidentes del PP en las tres provincias de la Comunidad. El castellonense Carlos Fabra está en prisión; Ripoll está pendiente de sentarse en el banquillo por el negocio de las basuras; y Alfonso Rus está imputado en la «operación Taula» por el supuesto reparto de comisiones millonarias. Un escenario muy complicado que, de momento, deja sin margen a la cúpula regional de los populares para intentar rearmar el proyecto y que alimenta el caos en las filas populares ante la imposibilidad de afrontar la situación. Cargos populares admiten la «impotencia» para cambiar una inercia que les acaba arrastrando.

Lo cierto es que, en estos momentos, la dirección del PP está a remolque de los acontecimientos. Casi todos los días, o se conocen nuevas revelaciones sobre investigaciones por corrupción; o llegan a su fin procedimientos que llevan al banquillo a antiguos cargos populares; o, incluso, se conocen nuevos casos. Y, como reconocen cargos populares, ese panorama no va a cambiar tan fácilmente. De ahí que la cúpula regional del PP esté tratando de ofrecer imagen de unidad -hoy mismo comparecerán conjuntamente Isabel Bonig y los tres presidentes provinciales- además de impulsar un proceso de refundación que, sin embargo, deberá salvar numerosos obstáculos.

La actual dirección del PP encuentra graves dificultades para trasladar un discurso creíble con las medidas que se están tomando contra los cargos envueltos en procedimientos por corrupción y, sobre todo, para desligar a los dirigentes investigados del equipo que lleva a día de hoy la sala de mandos popular. Por eso reclaman a Génova que se tome en serio la petición del PP en la Comunidad y, sobre todo, que la convocatoria de un congreso extraordinario para dar otro aire al proyecto popular valenciano se pueda concretar antes del verano. Los populares entienden que todavía están a tiempo de «salvar» una organización que, a pesar de todo, aún es la fuerza más votada en la Comunidad. Y que, a diferencia de los signos de debilidad que ofrece el PSPV a pesar de ostentar el gobierno de la Generalitat, conserva todavía una buena estructura y una enorme base de afiliados. Pero si la resolución del conflicto se atasca, advierten, la crisis se puede agravar aún más en un momento en el que, además, los partidos políticos no tienen su espacio asegurado. Ni de lejos.

El problema es que, a día de hoy, todo eso está bloqueado. En Génova miran únicamente a los movimientos para conformar gobierno. Si Pedro Sánchez lo consigue, se iniciaría un proceso que acabará abriendo en canal al PP. De arriba a abajo. Pero si la situación se encalla y España se enfrenta a otras elecciones, los problemas de los populares valencianos se acrecentarían. Llegarían a esos comicios con la peor crisis de toda su historia y sin un calendario definido para su resolución.

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