Cuando están a punto de cumplirse seis años del registro de la Diputación Provincial y ocho desde el inicio de la investigación del caso Brugal, la juez de Orihuela Rosa María Villegas dictó ayer el auto de procedimiento abreviado (lo que vendría a ser el procesamiento) por el que manda a juicio a catorce investigados por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Entre ellos se encuentran el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, los empresarios Enrique OrtizOrtiz, Ángel Fenoll Fenoll y Rafael Gregory Gregory y la exalcaldesa de Orihuela Mónica LorenteLorente, entre otros, según el auto hecho público anoche por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. La juez ve indicios de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la administración, actividades prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y revelación y recepción de información privilegiada, aunque no concreta a quién se le atribuye cada uno. Por contra, acuerda el sobreseimiento de la causa para otros seis implicados.
La magistrada concluye que de lo instruido ha quedado acreditada la existencia de «una trama organizada» en torno a los empresarios investigados que estaba encaminada «a obtener favores de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada mediante dádivas a funcionarios y autoridades» con competencia en la tramitación del Plan Zonal, que se aprobó el 15 de abril por la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Con este auto, la juez envía al banquillo a los empresarios Ángel Fenoll y a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, a Enrique Ortiz, a Rafael Gregory, a Ángel Luis Bracho, a Manuel Garriga; al expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll; a la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente; al exportavoz socialista en la Diputación Antonio Amorós; al exsecretario general de Presidencia de la Generalitat Vicente Pedro Gomis; a los técnicos Eduardo Gabriel Rodríguez Carmona y Pedro Emmanuel Sáez Ayala; al gerente de Inusa, José Candel; y al intermediario Jorge Sanz. La magistrada asegura que los cargos públicos implicados «se prestaron a servir, no los intereses generales, sino los intereses empresariales» de los ahora procesados.
La Diputación Provincial, que presidía Ripoll, adjudicó a la UTE Ortiz-Cespa la gestión del Plan Zonal, pero existía un compromiso político de que la planta se levantara en terrenos adquiridos por Ángel Fenoll en la finca Las Pistolas. Un suelo que el empresario de la Vega Baja adquirió por 424.000 euros, antes de que se hiciera público, y que tenía la promesa de vender a la adjudicataria por importe de 9,5 millones, «lo que supondría un extraordinario coste superior de la adjudicación, en perjuicio del interés general», recoge el auto.
En este punto, la juez recuerda una conversación telefónica interceptada entre Ortiz y un consejero de Bancaja donde éste le cuestionaba el importe de los gastos de explotación, en referencia a los nueve millones, algo a lo que el empresario le responde: «La adjudicación no es gratis».
La instructora relata en su resolución cómo los imputados fueron restrasando la adjudicación del concurso para adaptarse a los intereses de los empresarios implicados, hasta que finalmente un juzgado de lo Contencioso la acabó tumbando.
La juez entiende que hay indicios de un delito de prevaricación ya que desde que se decidió la «adjudicación del Plan Zonal, todos los actos posteriores acordados en el Consorcio en orden a la ubicación de la planta o al retraso injustificado en la resolución del concurso», entre otros, «no atendían al interés general, solamente al capricho individual y al acuerdo económico entre Ortiz y Fenoll». Aquí recuerda la magistrada que diez años después todas estas irregularidades han provocado que del proyecto para la gestión de más de 200.000 toneladas de residuos sólidos urbanos para 27 municipios, no haya nada, sólo un gran perjuicio para la comarca «habiendo supuesto un gasto para el erario público estimado en 1.157.305 euros».
Sobre el delito de tráfico de influencias, la juez sostiene que los investigados se prevalieron en todo momento de su situación en el proceso de adjudicación y de las relaciones personales existentes entre ellos para provocar el retraso injustificado del concurso, la modificación de la ubicación» y los presuntos amaños para llevarla a cabo.
En cuanto a la información privilegiada, la juez dice que queda acreditado este delito por el conocimiento previo por parte de los investigados de los pliegos de condiciones, de los plazos dictados por Ripoll, del cambio de ubicación y del devenir de todo el proceso de adjudicación, así como por la «participación encubierta en todo el proceso de los investigados».
La juez también considera acreditado que José Joaquín Ripoll recibió por parte de los empresarios investigados diferentes dádivas como recompensa por sus gestiones en la tramitación del polémico plan. En el auto señala que «consta el interés de Ripoll» por dos pisos que Rafael Gregory le tenía reservados en la avenida Pérez Galdós de Alicante. La juez atribuye a Gregory el papel de «intermediario principal» entre todos los empresarios y el político del PP. Asimismo, se recuerda en el auto dos viajes del expresidente de la Diputación en yates de Ortiz tasados en 104.357 euros «en agradecimiento por la adjudicación».
«El favor» de Canal 37
La magistrada agrega también que la adquisición por parte de Ángel Fenoll de la televisión local Canal 37 se hizo «para continuar con el favor de la Administración, tanto en el cambio de la ubicación de la planta de residuos del Plan Zonal, como en el pago de facturas pendientes que el empresario tenía en diversos municipios de la provincia de Alicante».
La instructora sostiene además que el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios lo realizaron los implicados con su actuación durante todo el proceso de adjudicación, «atendiendo únicamente al interés privado y al beneficio económico de las empresas de los principales investigados, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz». Acerca del presunto fraude a la Administración, recuerda la juez que no hace falta un enriquecimiento personal, ni un daño al patrimonio del ente público, sino que basta el concierto entre todos los implicados sin que se requiera que lo haya realizado directa o personalmente el funcionario investigado.
Respecto a la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, la juez señala que actuó como intermediaria ante Ripoll de los intereses de Ángel Fenoll en relación con el proceso de adjudicación del Plan Zonal. También apunta que la exregidora conocía los planes para el cambio de ubicación.
