La empresa pública Ciegsa, donde los sobrecostes por la construcción de colegios alcanzaron los 1.129 millones de euros según el informe provisional de la Intervención General de la Generalitat, fue ayer tomada por los agentes de la Guardia Civil. El objetivo, según desveló el actual secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, fue revisar «la documentación general de Ciegsa, ya sea en soporte papel o informático, además de proceder, de forma concreta, al volcado de documentos de correo electrónico, corporativos o particulares, de Máximo Caturla».
Caturla, hombre de confianza de Alfonso Rus que aparece salpicado en las grabaciones que desataron el caso Imelsa y en las que él mismo habla de cobro de comisiones, fue consejero delegado de Ciegsa entre 2004 y 2007. En esos cuatro años, la desviación presupuestaria de la empresa pública rozó los 130 millones de euros.
Después, en 2007, el peón de Rus en Ciegsa fue reclutado a filas por el presidente de la Diputación, que convirtió a Caturla en vicepresidente provincial encargado de Economía y Hacienda en la Diputación. Catorce días antes de que Caturla dejara Ciegsa y 24 días antes de que se constituyera la Diputación en la que entraría como vicepresidente por decisión de Rus, el político de Fontanars dels Alforins (la Vall d'Albaida) licitó las obras de la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Xàtiva por 4,7 millones de euros.
Según declaró el número dos de la conselleria, los investigadores de la Guardia Civil rastrearon ayer «todos los documentos, desde el año 2003 prestando especial atención a la documentación de Máximo Caturla». Los responsables de las pesquisas ordenadas por el juzgado solicitaron a la dirección de la conselleria el informe de intervención sobre Ciegsa presentado la semana pasada y que el pleno del Consell aprobó. Según abundó Soler, la finalidad de los registros era acreditar la comisión de los presuntos delitos de prevaricacion administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales en el seno de Ciegsa.
Según el informe de la Intervención de la Generalitat, los 610 centros escolares construidos o reformados por Ciegsa entre 2001 y 2014 han costado 2.039,8 millones, un 36,07% más caro de los 1.304 millones que se habrían pagado si las obras las hubiera adjudicado directamente la Conselleria de Infraestructuras.
Si a este sobreprecio de 735,8 millones se añaden los 393,3 millones en intereses y gastos financieros que según cuantifica la Intervención asumió Ciegsa por los casi 2.600 millones en préstamos y pólizas de crédito que pidió a los bancos por los impagos del Consell, el montante global se eleva a 1.129,1 millones. La deuda de la empresa de construcción de infraestructuras educativas de la Generalitat actualmente en proceso de liquidación supera los 1.700 millones de euros.
Marzà: «Venimos para limpiar»
El conseller de Educación, Vicent Marzà, afirmó ayer que su departamento está colaborando con la Justicia porque «la verdad se debe saber» y los valencianos «deben saber cómo han tratado al conjunto de la ciudadanía», informa Rafel Montaner. «Nosotros hemos venido aquí para limpiar la anterior forma de gestionar. Se ha acabado», dijo. Marzà insistió en comparar la actuación del actual Consell con el anterior. «Hay otra manera ante la corrupción, al colaborar con la Justicia y llevar hasta donde haga falta todas las informaciones para que la Fiscalía las valore».
Por contra, lamentó que hay otros responsables políticos, que antes estaban al frente de conselleria, que «no han hecho esto». Por ello, Marzà sostuvo que se niega a recibir «lecciones» desde las Corts de políticos en activo, en alusión indirecta a la exconsellera María José Català. «Tendrían que pedir perdón por lo que han hecho o no han hecho», agregó.
