El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus y el exvicepresidente de esta institución Máximo Caturla han sido detenidos hoy en la operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa), que se ha saldado con al menos 24 detenciones y 29 investigados.
El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el "Caso Imelsa", ha coordinado a primera hora de hoy una operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunitat, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La operación, que sigue abierta mientras la causa está declarada secreta, se ha llevado a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, y se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
Rus, expresidente de la Diputación, exalcalde de Xàtiva y expresidente del PP en la provincia de Valencia, ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal, según ha confirmado a los periodistas la segunda teniente de alcalde, Cristina Suñer.
La dirigente local de Compromís se ha acercado hasta el domicilio del exalcalde de este municipio valenciano, que ha sido registrando por la Guardia Civil. Rus ha abandonado, sobre las 15.30 horas, su casa en un vehículo blanco y acompañado de tres agentes.
Así ha salido Alfonso Rus de su casa en Xàtiva
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent.
En la causa hay 24 detenidos: el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la exconcejal de Valencia María José Alcón, exasesora de Rita Barberá y esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos .
También han sido detenidos el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón,
el exalcalde de Genovés Emilio Llopis y Carmen García Fuster (miembro del PP de la ciudad de Valencia) y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.
Ademas de los 9 citados, hoy también han sido arrestados 13 empresarios, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que se encuentra el presidente del PP de Valencia y portavoz municipal, Alfonso Novo; el asesor del PP Luis Salom y la secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Pi.
En la operación desarrollada hoy se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. En la provincia de Alicante se han producido en Alicante, Muro de Alcoy, Dénia.
Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Agentes de la Guardia Civil también registran desde primera hora de esta mañana la sede en Valencia de la agencia de comunicación Engloba.
REACCIONES
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que esta operación policial demuestra que "en España no hay impunidad" y ha insistido en que "los jueces, los fiscales y la Policía trabajan y los delitos se persiguen, cualquiera que sea su autor y con independencia de la formación política" que se vea afectada.
La coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, ha afirmado que su partido quiere que se llegue "hasta el final" en la investigación judicial que afecta a excargos de esta formación, "y si hay algún responsable, que lo pague".
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que esta operación "demuestra que el PP cobijó la corrupción durante mucho tiempo, con una actitud desleal con los valencianos", y su vicepresidenta, Mònica Oltra, ha advertido además de que el partido de una trama que saqueaba arcas públicas "no puede gobernar España".
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado la idea de que la investigación de este caso pueda afectar a las negociaciones para formar gobierno, y ha asegurado que su partido ha reaccionado con "contundencia" y van a ser "inflexible".
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha anunciado que si Miguel Llopis, y Juan José Medina, investigados en esta causa, no renuncian a sus cargos como asesores del PP en la corporación provincial "serán destituidos".
El diputado de Podemos Juan Antonio Delgado ha señalado que esta operación demuestra que "el PP está hasta las cejas de corrupción" y que España necesita un cambio de rumbo "de gente decente y honrada, que venga a limpiar las instituciones".
Periodistas apostados en la casa de Alfonso Rus en Xàtiva este mediodía / Foto: EFE
EL CASO IMELSA
El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.
A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus --nacido en 1950-- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".
Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.
También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación --estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015-- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia --fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat--.
DAÑO "A MUCHA GENTE"
En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación --aunque pensaba devolverlo, según dijo-- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala"Va a salir mierda a punta pala, expresó.
En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero", describió su relación con Rus de "confianza profesional" y agregó que no compartía "muchas cosas" ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar "a todos los niveles".
Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.
A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.
Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.
