En los negocios que Enrique Ortiz realizó junto a Bancaja a través del Grupo Urbanika -la sociedad cuyo accionariado ambos compartían y que, entre otras cosas, debía desarrollar el polémico Plan Rabasa- siempre había un claro vencedor, el empresario alicantino, y un perdedor, la entidad financiera, que era la que acababa poniendo la mayor parte del dinero. Tanto es así, que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional pone en cuestión «la razonabilidad económica de las operaciones llevadas a cabo» por los socios a través de la citada compañía.
Así consta en el análisis que los agentes han realizado del informe que la auditora KPMG realizó sobre las principales irregularidades detectadas en Urbanika a petición de los nuevos gestores de Bankia. Un trabajo que la Policía entregó el pasado miércoles al juez Manrique Tejada para su incorporación al sumario del caso sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante y que ayer fue notificado a las partes.
En él, la UDEF hace suyas las conclusiones de la auditora y destaca que «el impacto económico» de las operaciones del grupo «ha sido claramente ventajoso para Cívica, en relación al Grupo Bankia». Y echa las cuentas. Del conjunto de negocios que el constructor y la antigua caja valenciana realizaron a través de su sociedad conjunta entre 2008 y 2012, Ortiz obtuvo unos activos valorados en casi 180 millones de euros (179,999), que le permitieron, entre otras cosas, reducir la deuda de su compañía en 104 millones de euros. Además, se llevó también una participación en Urbanika valorada en 98,5 millones de euros, 80 millones más de los que aportó a su capital.
Mientras tanto, Bancaja lo que consiguió fueron unas pérdidas de 50,3 millones de euros y diversos créditos pendientes de cobro por importe de otros 245 millones.
Compraventa de suelo
Y todo esto sólo con las diversas operaciones de compraventa de acciones y ampliaciones de capital de sociedades que llevaron a cabo, a las que habría que añadir las plusvalías que el empresario se embolsó a través de las ventas de suelo al grupo, también con «un claro beneficio a Enrique Ortiz», según el citado informe policial. Es más, los agentes recuerdan que la propia Deproinmed -la antigua denominación de la actual Urbanika- no era más que «el vehículo utilizado por el empresario alicantino para generar beneficios en el ámbito de la compraventa de suelo». Unas ganancias «que habrían sido multiplicadas si la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante hubiera continuado».
En cuanto a las operaciones que se cuestionan, la primera es la entrada de la filial inmobiliaria de Bancaja -Bancaja Hábitat- en el accionariado de Visomed, la compañía del grupo que acabaría convirtiéndose en el urbanizador del ahora derogado Plan Rabasa. El 8 de octubre de 2008 la entidad financiera pagó a Ortiz 44 millones de euros por el 20% de la compañía, a pesar de que su valor en libros sólo era de 12.000 euros. Pero la cosa no quedó ahí. Dos años después, tanto la caja como el propio constructor utilizaron sus acciones en Visomed para aportarlas como capital en una ampliación que realizó la matriz del grupo que habían creado, Urbanika, con muy distinto resultado.
Las acciones de Bancaja Habitat se valoraron en los 44 millones que había pagado y las que aportó Ortiz se cifraron en 110 millones de euros, cuando su valor en libros era de solo 30.000. En su día ya la propia KPMG destacó la falta de «razonabilidad económica» de toda la operación, algo que también suscribe ahora la Policía. De hecho, cuando se ejecutó, los propios técnicos de la caja se opusieron. Eso sí, sin ningún éxito.
Proyecto en Benidorm
La segunda gran operación que se analiza es la relativa a la sociedad Inmovist Inversiones Inmobiliarias SL., con suelo en la zona de Vistahermosa, en el plan parcial El Pino-Ruaya de Alicante, además de otros terrenos en municipios como Polop o Benidorm, donde poseía una parte del Plan Parcial Armanello. Tras varios intercambios accionariales, Ortiz acabó colocando el 50% de esta firma a la sociedad conjunta con Bancaja por 65,3 millones de euros, de los que 59,1 millones fueron de plusvalía. La venta, además, se firmó sólo un día después de que se aprobara el texto refundido de dicho plan.
Por último, el informe también pone en duda la venta a Bancaja del 50% de Vistahermosa Ciudad S.L., una participación por la que la caja pagó 43,5 millones de euros, dando a Ortiz una plusvalía de más de 40 millones. Para calcular el precio se valoraron los activos de la sociedad en 164 millones cuando contablemente estaban registrados por 84.
Por todo ello, la UDEF cree que hay evidencias «que claramente cuestiona la razonabilidad económica de las operaciones».
