Más de 20 personas detenidas, dos de ellas en Alicante, y otros tantos registros en empresas y viviendas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura, entre ellas en la compañía de helicópteros Inaer, con sede en Mutxamel, por el supuesto amaño de contratos públicos para la extinción de incendios. Ése fue el resultado de la macrooperación que se puso en marcha en la jornada de ayer, en el marco de la causa en la que ya se detuvo el pasado mes de mayo al exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, y a otras nueve personas más. De hecho, entre los arrestados en la jornada de ayer, se encuentra Pedro Hidalgo, director general de Interior durante la etapa de Serafín Castellano al frente de la Conselleria de Gobernación, así como otro exalto cargo del Gobierno catalán, Xavier Palmés, y dos mandos de los Bomberos de Cataluña.
Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) central, apoyados por los compañeros de esta misma unidad de la Comisaría Provincial de Alicante, estuvieron durante toda la mañana -prácticamente hasta primeras horas de la tarde- llevando a cabo los registros en la sede de Inaer en Mutxamel.
No obstante, los registros también llegaron a las delegaciones que la firma tiene en otras provincias españolas. La actuación se saldó al final con dos detenidos en Alicante, ambos empleados de Inaer, que quedaron en libertad por la noche -tras tomarles declaración en la Comisaría de Alicante-, y con documentación tanto en papel como en formato digital intervenida.
El Consell ya detectó hace unos meses algunos incumplimientos en los servicios que la compañía aérea presta a la Administración autonómica. La empresa con sede en Mutxamel, de hecho, está considerada como una de las más importantes en su sector, y se hizo con el contrato con la Generalitat en marzo de 2013, precisamente cuando Castellano era conseller de Gobernación. Con esa adjudicación, según consta en la web de la compañía, se comprometía a prestar servicios con helicópteros y brigadas de primer ataque destinados a la lucha contra incendios forestales, así como dos helicópteros de urgencias sanitarias, otro para coordinación y emergencias, uno para refuerzo de la coordinación y otro policial, lo que, al final, se traducía en una flota compuesta por doce helicópteros y 50 profesionales. El contrato vencía el pasado mes de noviembre, aunque se ha prorrogado hasta 2017.
La intervención policial desarrollada en Inaer podría derivarse de una denuncia que tiene su origen en Andalucía, pero también vinculada con el amaño de contratos para la extinción de incendios. En este sentido, el operativo, coordinado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, se llevó a cabo de forma simultánea en seis comunidades autónomas. Al respecto, desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, detallaron que, hasta el momento, hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por el reparto de concursos a nivel nacional y autonómico, e incluso fuera de España, en otros países como Italia y Portugal.
La causa, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público, tal y como especificaron desde el TSJ.
