Los disparos en las alturas llevan a veces tan incorporado el silenciador que ni se oyen. Más o menos lo que le sucedió ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su respuesta a la vicepresidenta Mónica Oltra, a raíz de la crisis creada por el nombramiento del marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, como gerente de una empresa semipública vinculada a la Diputación de Valencia. La vicepresidenta se mostró muy crítica acerca de la elección de Alberto Hernández, nombrado este martes. «No me parece estético. Creo que es una noticia que no se tenía que haber producido», comentó Oltra, para rematar: «La mujer del César no solo ha de ser honrada, ha de parecerlo. Y el esposo, también».

Las palabras de la vicepresidenta generaron malestar en el Palau y en la dirección del PSPV. Ayer, preguntado por esa crítica, Puig replicó: «Yo no valoro los nombramientos de otras administraciones». Y añadió que ningún miembro del Consell ha de pedirle «permiso» antes de decidir las actuaciones de personas de su entorno.

El jefe del Consell consideró, asimismo, que esa elección no puede considerarse un caso de «nepotismo» y emplazó a que dé explicaciones quien haya sido responsable de la designación. Al desentenderse del nombramiento y circunscribir la responsabilidad a la Diputación de Valencia, dirigida por el PSPV, Puig provocó el malestar del presidente provincial Jorge Rodríguez, desde cuyo entorno señalan que la elección de quien fue también jefe de gabinete de Ignasi Pla cuando era secretario general del PSPV ha sido sugerida desde el partido.

Fuentes socialistas señalaron que es una designación ejecutada a instancias de la Diputación, propietaria del 51% de las acciones, y Aguas de Valencia -empresa que controla el 49% del capital social de Egevasa- y que ha sido aprobada por el consejo de administración. La representante de EU en la Diputación, Rosa Pérez, manifestó que ella sí puso objeciones a ese nombramiento. La crisis en torno a este polémico nombramiento ha provocado una brecha en el Consell entre Compromís y PSPV, y una segunda entre el Palau y el presidente de la Diputación. Puig expresó ayer su malestar al entorno de Jorge Rodríguez sobre el sueldo que va a cobrar Alberto Hernández en el cargo de gerente, como auxiliar de la consejera delegada y alcaldesa de Gandia, Diana Morant.

El anterior titular del cargo percibía 132.000 euros brutos anuales. Según fuentes provinciales, Puig se interesó por ese salario para dar la orden tajante de que se redujera a la mitad en cumplimiento del precepto según el cual ningún político ha de cobrar más que el presidente de la Generalitat, cuyo sueldo asciende a 67.615 euros. Y Puig descubrió que el nuevo gerente de Egevasa percibirá 59.000 euros, un sueldo que también fue aprobado en el mismo consejo de administración.

La retribución de los gerentes de Imelsa se sitúa también en esa cifra tras la decisión del nuevo gobierno provincial de asumir la doctrina Fabra sobre los sueldos, heredada y aplaudida por Puig. De hecho, el presidente Jorge Rodríguez se ajustó su salario de los 74.000 euros que cobraba Rus a los 67.000. Los diputados provinciales de Valencia perciben 63.000 euros anuales. Se da la circunstancia de que los jefes de servicio de la Diputación cobran entre 71.000 y 74.000 euros, muy por encima de su jefe, el presidente provincial o del propio Ximo Puig.