Desérticas. Así es como se ha encontrado el nuevo Consell de izquierdas las arcas de la administración valenciana. Al ya de por sí deficiente sistema de financiación autonómica, que priva a la Comunidad de ingresar 1.000 millones de euros anuales, se suman también las enormes dificultades que tuvieron los dos anteriores presidentes -Francisco Camps y Alberto Fabra- para poder cuadrar las cuentas. La merma de ingresos a causa de la crisis, por una parte, unida al impulso de políticas de grandes eventos, por otro, han propiciado que desde 2008 -primer año completo de turbulencias económicas- hasta 2014, la Generalitat haya sobrepasado en 15.253 millones de euros el tope máximo de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda. La cifra no es baladí. Representa casi un presupuesto anual completo de la administración valenciana y supone toda una losa a corto, medio y largo plazo.
Las cifras difundidas por el propio Gobierno así lo constatan. El primer agujero considerable en las cuentas se produjo en 2008, con la crisis ofreciendo sus primeros síntomas. Aún con el sistema de financiación aprobado en la etapa de José María Aznar, la Generalitat finiquitó ese año con un déficit de 2.238 millones. El desfase máximo, por el contrario, estaba fijado en 803 millones. Resultado: los números rojos ya quedaron cuantificados entonces en 1.435 millones más de los que exigía el Gobierno central, comandado entonces por José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2009, con Camps en el Palau, el desvío fue de 1.364 millones. Pero lo peor estaba por llegar. 2010 y 2011 fueron los annus horribilis, con un exceso de déficit de 2.879 y 5.380 millones, respectivamente. Ahora bien, en esas dos cifras están incluidas las liquidaciones negativas de los sistemas de financiación de 2008 y 2009. Por aquel entonces, el Gobierno central realizó una previsión más que optimista y adelantó a las comunidades autónomas más dinero del que finalmente consiguió recaudar. El sistema es sencillo. Madrid anticipa fondos a las administraciones públicas en virtud de sus previsiones de recaudación y dos años después, cuando se liquida el sistema, hace balance. Si consigue recaudar más de lo previsto, compensa con más dinero a comunidades y entidades locales; pero si, por el contrario, ingresa menos de lo que preveía, les obliga a devolver la parte proporcional. Esto último es lo que pasó en 2008 y 2009. Y la Generalitat, por tanto, se ha visto obligada a reintegrar fondos al Estado.
En 2012, el primer año completo de Mariano Rajoy en La Moncloa, el Gobierno intentó poner en orden los balances de las administraciones autonómicas. El Ejecutivo se encontró con un déficit galopante en las cuentas públicas y el Ministerio de Hacienda puso coto a esos desmanes. En la Comunidad, sin embargo, no lo logró. Sí consiguió rebajarlo, pero la Generalitat ha incumplido año tras año todos los topes marcados. Y no precisamente por poco. Ese ejercicio Madrid fijó un techo de déficit del 1,5% del PIB (1.472 millones), pero la administración valenciana lo duplicó. Sus números rojos al final del año alcanzaron los 3.713 millones, 2.241 más de lo permitido.
Tales fueron las dificultades que se encontraron algunas comunidades que el Gobierno central decidió impulsar entonces dos mecanismos de rescate: el plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El primero ha servido para saldar las deudas con empresas, mientras que el segundo ha permitido afrontar los vencimientos de deuda. Y los dos, por cierto, han llegado a través de préstamos.
La coyuntura en la Comunidad llegó a ser tan delicada que el por aquel entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, advirtió en un Consejo de Política Fiscal y Financiera -el cónclave que reúne al Gobierno con los responsables de las finanzas autonómicas- que la administración valenciana estuvo al borde del default.
Los dos mecanismos de ayuda sirvieron para aliviar las tensiones financieras, pero han contribuido a incrementar una deuda que ya alcanza los 40.262 millones.
En 2013 y 2014 la situación mejoró. Alberto Fabra metió la tijera tanto en la administración general como en las empresas públicas, pero el agravio de la financiación impidió que se cumplieran las exigencias del Ministerio. El primero de esos dos años el desfase presupuestario fue del 2.085 millones pese a que sólo se permitían 1.566, mientras que en 2014 creció hasta los 2.428 millones a pesar de que Hacienda puso un techo de 993. Todas estas cifras dejan un exceso de déficit de 15.253 millones desde 2008. Casi nada.
