La ley contra las puertas giratorias propuesta por el grupo Compromís en las Corts será rebajada a través de enmiendas, ya que entre los socios del tripartito no se termina de ver claro alguno de sus aspectos más polémicos. La proposición de ley impulsada por la diputada Isaura Navarro ha escocido a algunos cargos del Consell porque, según ha podido saber este diario, no estaba consensuada con el bipartito. De hecho, la Conselleria de Transparencia tenía previsto presentar un proyecto normativo, pero Compromís se adelantó y el texto plantea serias problemas legales, según denuncian los sindicatos e incluso fuentes en el Consell a pesar del informe favorable de Transparencia a su tramitación.
Una de las cuestiones más polémicas, tal como ha ido informando este periódico, es la inclusión de los altos funcionarios en el régimen de incompatibilidades, así como la obligación de que tengan que publicar su declaración de bienes y de patrimonio. Podemos, por ejemplo, comparte la filosofía del texto, pero no que un jefe de servicio tenga que airear su patrimonio. De hecho, el grupo tiene decidido presentar enmiendas para pulir algunas cuestiones. Otras cuestiones como el hecho de aplicar la transparencia a las parejas de los altos cargos tampoco ha gustado en muchos ámbitos o que el periodo de desintoxicación se extienda a cinco años.
El PSPV, socio de Compromís en el Consell, también tiene previsto enmendar la ley al considera excesivo el texto. «Hay que combatir las puertas giratorias, pero no convertir a la política a algo sólo para ricos», reflexionaba ayer el síndic socialista, Manolo Mata.
Los síndicos, por su parte, han anunciado su rechazo a la inclusión de los funcionarios en la ley y han avanzado que si la norma sale publicada tal como la propone Compromís la recurrirán ante los tribunales. La FSP-UGT, por ejemplo, se plantea presentar alegaciones a la norma. Los socialistas tampoco comparten la «satanización» de los funcionarios.
