La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha abogado por que los niños y niñas de la Comunidad Valenciana "sean un sujeto de derecho" que participen y tengan voz en el diseño de las políticas sobre infancia de la Generalitat.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios minutos antes de inaugurar las jornadas sobre 'Protección a la infancia: nuevas oportunidades' organizadas por el Síndic de Greuges en Alicante.

Oltra ha considerado que el actual Consell está "dando un vuelco a las políticas del menor" frente a un antiguo modelo en el que los niños y niñas eran "como una especie de objeto en el que se tomaban las decisiones por ellos".

"La convención internacional de los derechos de los niños lo que plantea es que también tienen criterio y han de poder participar en una sociedad que les ha de dar voz y escuchar; ellos también tienen que diseñar esas políticas", ha insistido.

Entre las medidas concretas que el Consell ha puesto en marcha ha destacado la creación de una Subdirección de Infancia que "no sólo afecta a los menores tutelados por la Generalitat, que son aquellos que están en una situación de desprotección o que tienen algún tipo de medida judicial, sino que afecta a todos los niños y niñas".

Además, ha avanzado que en los presupuestos de 2016 la Generalitat ha establecido equiparar las indemnizaciones que percibían las familias acogedoras en función de si eran extensas (parientes de los niños desamparados) o educadoras.

Hasta ahora la familia extensa cobraba 4,5 euros al día por acoger a un menor, mientras que la educadora recibía 9 euros al día, aunque el Consell ha contemplado en los próximos presupuestos que ambas reciban 12 euros diarios.

El objetivo de esta medida es "poner en valor un trabajo que hacen miles de familias que es acoger a niños en su casa para que no estén en ningún centro", residencias que, por cierto, ha concretado tienen un coste mensual para las arcas autonómicas -son niños tutelados por la propia Generalitat- de entre 2.500 y 3.000 euros por cada menor.

Frente a este modelo de residencias, la Generalitat apuesta ahora por uno familiar ya que "los niños en los centros tienen después unas consecuencias, como la falta de apego", mientras que en familias de acogida "esas secuelas no aparecen".