El primer presupuesto del nuevo Consell de izquierdas formado tras las últimas elecciones autonómicas tiene parte de declaración de intenciones; y parte de un nuevo episodio de la batalla con el Gobierno de Madrid a cuenta del expolio que sufre la Comunidad en el reparto de la financiación autonómica. Las cuentas del bipartito formado por los socialistas y Compromís dan cobertura a los acuerdos del «Pacte del Botànic» -la alianza que puso punto y final a dos décadas de gobiernos del PP- con un incremento «histórico», como lo definió la vicepresidenta Mónica Oltra, de las partidas dedicadas a la política social. Pero, de momento, no cuenta con financiación. El Consell de Ximo Puig fía toda esa apuesta a un órdago a Madrid: reclama 1.300 millones a través de un nuevo modelo de financiación o de cualquier otra via que permita ingresar en las arcas valencianas una cantidad que, más o menos, es la que se ajusta a una distribución de la tarta autonómica que se correspondería con lo que le «toca» a la Comunidad para llegar a la media de acuerdo con su población y su peso en la economía.
En los grandes números, el presupuesto es muy similar al de 2015. Alcanza, incluyendo la administración autonómica y todos sus organismos, los18.370 millones frente a los 18.209 este año, lo que supone un incremento de apenas el 0,9%. El «cambio», de acuerdo con el término que usó la propia Oltra, está en las «prioridades» del gasto. Las partidas para dependencia, autonomía personal y renta garantizada de ciudadanía, por ejemplo, suben un 35%. El programa de vivienda social para atender a familias en dificultades se incrementa un 110% y también se establece una línea de crédito específica para combatir la pobreza energética. El presupuesto de Cooperación Internacional, un departamento proscrito por los efectos del «caso Blasco» durante la gestión del PP, se cuadriplica hasta alcanzar los 13,2 millones. Crecen un 23% las becas para los comedores escolares en unas cuentas que prevén su apertura durante el verano entre los meses de junio y septiembre. Y también se destinarán 35 millones para financiar recetas médicas a pensionistas o personas con renta inferior a 9.500 euros anuales. «Las políticas sociales del PP eran una gran mentira. Mucho de ese dinero se lo llevaba quien se lo llevaba. Estaban absolutamente abandonadas por el anterior Gobierno», manifestó Oltra.
El problema para el Consell que preside Ximo Puig es cuadrar las cuentas con un tope de déficit que, además, será del 0,3%, lo que obliga casi a un equilibrio presupuestario. ¿Con lo que hasta ahora envía Madrid a la Comunidad con un sistema de financiación que deja a la Generalitat en el furgón de cola de ese reparto? «No tenemos ni para pipas, cacahuetes o altramuces», se quejó de forma gráfica el titular de Hacienda, Vicent Soler, que acompañó a la vicepresidenta Oltra en la comparecencia con su secretaria autonómica, Clara Ferrando, en la primera fila. La única solución, explicó el conseller, es que la Comunidad reciba la cantidad de financiación que le corresponde. «No menos de 1.300 millones», subrayó Soler que, además, dejó claro que el presupuesto será un documento para continuar plantando cara a Madrid. «Esa cantidad se deberá imputar al nuevo modelo o a la fórmula que quiera el Gobierno», declaró para asegurar, además, que se trata de una exigencia que tiene amparo en la Constitución. «No vamos a esconder la petición -en referencia a las anteriores cuentas del PP- para no hacer ruido, sino de hacer ruido», lanzó el conseller.
En esa idea de exigir a Madrid para reclamar un trato justo para los valencianos también incidió la vicepresidenta Mónica Oltra. «A lo mejor España se rompe y no es por Cataluña», apuntó la líder de Compromís antes de terminar de cuadrar su argumentación. «Esa ruptura se produce cuando unos ciudadanos no tienen los mismos derechos que otros. Es una ruptura que no llevará banderas ni mástiles pero conlleva sufrimiento», asestó. Hoy el presupuesto llegará a las Cortes para su tramitación.
