La Audiencia de Alicante ha establecido en un auto que la Policía Nacional no tenía obligación de informar al juez que investiga el Plan Rabasa de las reuniones que mantuvieron sus agentes con uno de los imputados, el empresario Enrique Ortiz, a petición de éste último.
Funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) se encontraron en dos establecimientos públicos entre enero y febrero de este año con el promotor a instancias suyas.
Dichas entrevistas fueron hechas públicas por la prensa y, en mayo pasado, el entonces responsable del juzgado de Instrucción 6 de Alicante, Daniel Barrientos, dictó un auto en el que exigía a los policías que le informaran del motivo, contenido y circunstancias en que aquéllas se habían desarrollado.
El fiscal anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, recurrió la decisión ante la Audiencia, pero los agentes cumplieron la orden y remitieron un oficio al magistrado donde relataban los detalles de las citadas reuniones.
Según la Udef, el resultado de las citas fue "del todo infructuoso", pues Ortiz -imputado en el 'caso Rabasa', otras dos piezas separadas que tienen la misma raíz, la 'Operación Brugal', una de las causas desgajadas de 'Gürtel' y pendiente de juicio por un presunto un delito fiscal- se limitó a defender su inocencia y a mostrar su disposición a colaborar con la investigación.
"Por parte de los funcionarios policiales presentes, y respecto a esa posible colaboración judicial, se volvió a indicar que no tenían capacidad alguna en valorar la forma, el contenido o consecuencias de la misma, que lo único que se podía ofrecer era el servir de correa transmisora en la comunicación de esta predisposición al Ministerio Fiscal", recoge el oficio policial.
La Policía sostenía en dicho escrito que no necesitaba de una "autorización previa" para reunirse con el imputado, ya que estas gestiones se enmarcan en las funciones, "si no de la obligación", de la Policía Judicial de "averiguación del delito".
En cualquier caso, los policías que se entrevistaron con el sospechoso informaron de los encuentros a sus superiores jerárquicos, al fiscal Anticorrupción y, con posterioridad, al juez Manrique Tejada, que investiga otra de las piezas separadas del 'caso Brugal', la relativa al antiguo PGOU de Alicante.
"Lo único que se hizo fue atender a sendos requerimientos libres y voluntarios del señor Ortiz, todo ello con el supuesto objeto de recabar información que pudiera aportar algún dato relevante para los hechos investigados", explicó al juez Barrientos el inspector jefe de la unidad policial.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha dado ahora la razón a la Udef y a la Fiscalía al estimar el recurso de apelación interpuesto por esta parte contra el auto que dictó en mayo el instructor de la causa.
"No apreciamos qué finalidad se pretende para el adecuado impulso del procedimiento", señalan los magistrados en referencia a la decisión del juez, ya que esta fase procesal no admite "instrucciones meramente prospectivas que tengan por objeto desmontar lo que no son más que conjeturas" y la resolución resulta "innecesaria".
El fallo del tribunal, del que ha sido ponente el magistrado Julio José Úbeda de los Cobos, anula el auto del juzgado de Instrucción 6 de alicantino, pero matiza que no observa "infracción" alguna que pueda afectar a la investigación que se haya incluido en la causa el informe policial sobre las reuniones con Ortiz.
