25 de junio de 2015. Ximo Puig, hasta entonces secretario general del PSPV, es investido presidente de la Generalitat gracias a su entente con Compromís y al apoyo de Podemos. Las Cortes pusieron fin así a dos décadas de control absoluto del PP en la Comunidad y certificaron el inicio de una nueva era. 3 de octubre de 2015. Es decir, ayer. Puig cumple 100 días al frente del Ejecutivo y rebasa de esta forma el periodo de gracia que se suele conceder a los políticos. En todo ese tiempo, ¿qué medidas ha impulsado el nuevo Consell para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Qué temas han marcado la agenda? ¿Han aflorado ya tensiones entre el bipartito PSPV-Compromís, con Podemos en la retaguardia?
Por partes. Si algo ha marcado los primeros 100 días de gobierno del presidente eso ha sido, sin duda, las dificultades financieras. Nada nuevo en el horizonte. Cuando Vicent Soler asumió la cartera de Hacienda era consciente de que la tesorería del Ejecutivo estaba bajo mínimos. Acostumbrada a sobrevivir durante los últimos años gracias a la respiración asistida que facilitó Madrid, traducida en el FLA y el plan de pago a proveedores, la Generalitat daba por hecho que seguiría necesitando auxilio económico del Ministerio de Hacienda para poder subsistir. No se equivocaba.
Pero Puig y su equipo no se han quedado de brazos cruzados. Una de las primeras medidas que adoptaron fue la redacción de un informe económico para cuantificar, negro sobre blanco, la infrafinanciación que ha sufrido la Comunidad durante los últimos 12 años. El modelo aprobado con José María Aznar y el que sacó adelante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 han privado a las arcas autonómicas de ingresar 12.400 millones de euros que, de acuerdo con la población, le habrían correspondido. El Consell remitió ese documento al Ministerio de Hacienda para tratar de poner fin a esa «injusticia democrática», en palabras de Vicent Soler.
Al expolio económico que ha sufrido la Comunidad se suman, además, las tensiones financieras de la Administración valenciana. Y no sólo por su mastodóntico volumen de deuda, sino más bien por sus problemas de liquidez. Cuando Puig asumió las riendas del Ejecutivo, la Generalitat -hasta entonces comandada por el popular Alberto Fabra- ya había sobrepasado con creces el tope de déficit fijado para todo el año. Pero es que, encima, el pasado 31 de julio el margen de maniobra ya era prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque sólo quedaban en la caja 104,2 millones de euros. Una cantidad del todo insuficiente para poder finiquitar el ejercicio con tranquilidad.
Otro de los quebraderos de cabeza que ha tenido el Consell de Puig durante sus primeros 100 días ha sido la deuda. ¿A cuánto asciende? Ya rebasa la barrera de los 40.000 millones de euros. En concreto, al cierre de junio quedó cuantificada en 40.085 millones. Todo un récord. Nunca antes se había alcanzado un guarismo de tal calibre.
Hasta ahí, pocas sorpresas. Fuentes de la Conselleria de Hacienda admiten que todas esas cifras entran en los márgenes que la Generalitat se esperaba. Lo que no podían prever era que el Ministerio de Hacienda les cerrara el grifo. El departamento de Cristóbal Montoro ha bloqueado la transferencia de un préstamo de 1.440 millones de euros que, a priori, tendría que haber llegado en julio. Si el Ejecutivo autonómico no ingresa esos fondos del FLA durante este mes, el problema financiero de la Generalitat se agravaría sobremanera. «Estamos en una situación límite», resumió este pasado miércoles el conseller de Hacienda.
Y mientras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue sin querer recibir por ahora a su homólogo valenciano. Pese a la insistencia de Puig, esa reunión para abordar la reforma del modelo de financiación continúa sin fecha.
Pese a estar maniatado por las tensiones financieras, el nuevo Ejecutivo sí ha sido capaz de imprimir un giro social a sus políticas. Se acabaron los grandes fastos y, por el contrario, ahora se apuesta por priorizar los escasos recursos económicos de los que dispone el Consell. Una de las primeras iniciativas que adoptó el Ejecutivo fue la derogación del copago a dependientes. El objetivo era claro: que el colectivo pudiese tener acceso a todos los servicios sin tener que asumir un desembolso que, en muchos casos, resultaba imposible para las familias.
Esa no ha sido la única iniciativa de calado que ha puesto en marcha el bipartito. Otra relevante pasó por anunciar la devolución de la sanidad universal a los inmigrantes «sin papeles». El gobierno de la Comunidad se rebeló contra el Ejecutivo central y anunció, por boca de la consellera Carmen Montón que los ciudadanos que residen en las tres provincias de manera irregular gozarán de las mismas prestaciones que el resto de la sociedad.
Puig y el resto del Consell también han decidido dar carpetazo a otro copago: el farmacéutico para mayores y dependientes. Todas aquellas personas que ingresen menos de 1.000 euros mensuales no tendrán que pagar ningún recargo por las medicinas, según anunció la titular de Sanidad en su comparecencia en las Cortes.
La segunda gran área en presupuesto, Educación, también ha copado decenas de noticias en estos 100 primeros días. Y no sólo por la ideología de su conseller, Vicent Marzà, sino también por dos propuestas. La primera de ellas, el pago de los libros de texto para los alumnos de Primaria, ESO y FP. Las familias, al margen de su renta, recibirán 100 euros antes de Navidades, previa presentación de la factura en los ayuntamientos. Además, podrán percibir otros 100 euros más si al finalizar el curso escolar entregan los manuales en perfecto estado.
La segunda de las medidas en el ámbito educativo ha sido adelantar a los dos años la educación gratuita. El Consell ha decidido poner en marcha este curso un programa piloto en 33 centros públicos valencianos. Se habilitará un aula por colegio con un máximo de 18 alumnos, dos menos de los que marca la ratio. La idea de la Generalitat es que cuando expire la actual legislatura, este plan se pueda implantar en los 2.000 colegios públicos de Alicante, Valencia y Castellón.
Al margen de las propuestas, el Consell también se ha visto obligado a lidiar con problemas heredados del pasado. Uno de los de mayor calibre ha sido Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). En un principio, el PSPV y Compromís tenían intención de recuperar las emisiones de Canal 9 con motivo del próximo 9 d'Octubre. El bipartito quería transmitir contenidos enlatados y programación infantil. Pero Podemos lo impidió. El síndic del partido en las Cortes, Antonio Montiel, se opuso a reabrir la cadena «a la carrera» y abogó por posponer las emisiones. Así ha sido. El próximo viernes Canal 9 seguirá en negro.
Otra de las «patatas calientes» del nuevo Ejecutivo también está relacionada con el audiovisual. Cuando Puig accedió a la Presidencia, la Ciudad de la Luz se encontraba en pleno proceso de venta después de que la Unión Europea (UE) declarara ilegales los 265 millones de euros que recibió el complejo para su construcción. Pero la primera subasta quedó desierta. La Generalitat movió entonces ficha y desplazó una delegación a Bruselas con el objetivo de que el recinto cinematográfico no se vendiera. ¿Lo conseguirá? El tiempo lo dirá.
El agua, como de costumbre, también ha sido un foco de conflicto durante los 100 primeros días del nuevo gobierno autonómico. Poco después de las elecciones del 24-M, el nuevo presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, reclamó al Gobierno central el fin del trasvase Tajo-Segura alegando problemas hídricos. «El río se está muriendo», llegó a proclamar. Los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, siguen por encima del mínimo que marca el memorándum para poder trasvasar y, por tanto, el caudal continuará llegando de momento a tierras alicantinas. Puig ha evitado una confrontación directa con su homólogo castellano-manchego, aunque sí ha replicado a García-Page que debe cumplir la ley. A la vez, el Consell tratará de movilizarse también ante la UE para intentar conseguir ayudas que permitan a los regantes utilizar agua desalada.
