Después del encuentro que antes de las vacaciones de agosto mantuvo con los fiscales anticorrupción de Valencia, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, hizo ayer lo propio con los representantes de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones y Pablo Romero, a quienes pidió colaboración con la Agencia Antifraude que la Generalitat pretende poner en marcha.
El conseller, que estuvo reunido durante casi un hora con los dos fiscales que llevan los grandes asuntos de corrupción en Alicante, definió la Agencia como un instrumento para generar climas favorables en la lucha contra la corrupción al tiempo que precisó que nunca interferirá en la labor de la Fiscalía, a la que se llevarán aquellos asuntos en los que vea indicios de delito, dijo.
Aunque los fiscales declinaron hacer manifestaciones, Alcaraz explicó al término del encuentro que tanto Briones como Romero habían valorado muy positivamente la creación de la Agencia y que ambos reclamaron la máxima transparencia, sobre todo en materia contratos y subvenciones, en el portal que bajo ese nombre también quiere lanzar el Consell.
En cuanto a los medios que con se cuenta para luchar contra la corrupción, el conseller de Transparencia criticó los «recortes en las unidades» que luchan contra esta lacra, expresó su deseo de que aumenten los efectivos pero concluyó afirmando que «poco se puede esperar del PP de este aspecto».
Sin precisar datos ni sobre el personal ni acerca del coste que supondrá poner en funcionamiento esta Agencia Antifraude, una iniciativa que según lo acordado en el Pacto del Botánico corresponde a Podemos, el conseller explicó que será un «organismo independiente del poder político que servirá de puente entre la Administración, la Fiscalía, el Síndico de Agravios y la Sindicatura de Cuentas». Y agregó que aunque entre las labores de todo cargo público se encuentra la denunciar aquellas actuaciones en las que se vean indicios de delito, existen unas zonas, que él denominó «grises», en las que puede actuar la Intervención General de la Generalitat y que más que con prácticas delictivas tendrían que ver con «inmoralidades o mal uso de fondos públicos».
Además de estas «zonas grises», también serían objeto de la Agencias aquellas denuncias, muchas de ellas anónimas, que llegan sobre presuntos comportamientos anómalos en la Administración. En conseller insistió en que se trata, sobre todo, «de generar mecanismos de prevención».
Además de «conocer la opinión cualificada» de los dos fiscales, Alcaraz señaló como otros de los objetivos del encuentro de ayer el «contacto institucional» y «acabar con otras épocas de relaciones abruptas» entre la Generalitat y el Ministerio Público. Al encuentro estaba también invitado el teniente fiscal, José Llor, quien no pudo asistir al estar enfermo.
La reunión tuvo lugar en la sede del Consell en Alicante, en la Casa de las Brujas, un edificio cuya rehabilitación está próxima, según dijo, y que la Generalitat pretende que sea una extensión del ejecutivo autónomo.
