Agentes de la Guardia Civil registraron ayer durante varias horas el Ayuntamiento de Valencia con una orden judicial para poder llevarse documentación oficial relacionada con contratos de la concejalía de Cultura que se remontan a la gestión del PP, según confirmaron a Efe fuentes municipales. Los agentes de la Policía Judicial se llevaron varias cajas con documentación e información de alguno de los departamentos municipales que alberga la Casa Consistorial, sin que hasta el momento haya confirmación del objeto del registro. Detrás de este registro policial se hallaría la investigación, declarada secreta por un juzgado de Valencia, en torno a la supuesta red de comisiones en la que estaría involucrada la exconcejala popular María José Alcón.
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, propinó ayer un duro golpe a la cúpula del PP de Gandia al citar a declarar, como imputados, al exalcalde y presidente del partido, Arturo Torró, y al exconcejal de Contratación, ahora portavoz en la oposición y diputado en las Cortes, Víctor Soler. Este último se ha convertido en el primer diputado de las Cortes imputado desde que Isabel Bonig tomó las riendas del partido en la Comunidad Valenciana.
La citación del juez Velasco se veía venir desde que, el pasado 9 de junio, una unidad de la Guardia Civil irrumpió en el despacho del alcalde y le pidió las facturas, contratos y documentos que Torró había firmado con las dos empresas implicadas en la red de corrupción denominada 'Púnica', que afecta a varios municipios valencianos y madrileños. En concreto, la Guardia Civil se llevó certificados de Eico Management y Madiva Editorial, las dos tapaderas usadas por Alejandro de Pedro para, presuntamente, desviar dinero de la Administración en beneficio propio. Los agentes también pidieron papeles de la empresa Construcciones Gomuñoz, a la que, según una conversación , Dionisio Ollero, dirigente del PP de Gandia y hombre de la confianza de Torró, le pidió que pagara a empresas de Alejandro de Pedro.
