La cláusula que blinda las inversiones para la Comunidad Valenciana y que fue incorporada en 2011 en la reforma del Estatut de autonomía no es solo letra. Detrás de esa propuesta también hay una cifra: 6.850,89 millones de euros. Ese es el dinero para obras que ha dejado de llegar a la Comunidad Valenciana desde el año 2000 hasta hoy (incluyendo los presupuestos del próximo año) al recibir inversiones siempre por debajo de lo que le correspondía por población.
Mientras el peso demográfico valenciano dentro del conjunto de España se ha movido todos estos años entre el 10,1% y el 10,9%, la inversión siempre fue menor, situándose en algunos ejercicios incluso por debajo del 5% del total.
Los partidos políticos valencianos se unieron en las Corts hace un lustro hartos de la marginación en inversiones, un agravio que se une a otros como la infrafinanciación autonómica, que ha detraído a los valencianos otros 13.000 millones de euros en el mismo periodo de tiempo.
En 2011, PP, PSPV y Compromís acordaron, con la abstención de EU, seguir el ejemplo de los andaluces y catalanes y blindar en su ley autonómica un cupo de inversiones que refleje el peso poblacional, un criterio que nunca se ha cumplido. Tras cuatro aplazamientos por parte del PP, para evitar encontrarse con el voto en contra de su partido en Madrid, este próximo miércoles el Estatut llega a la Cámara baja para su toma en consideración.
Entonces el texto iniciará el trámite parlamentario con el visto bueno, al fin, del PP. Será una tarea para el Congreso que salga de las próximas generales, ya el próximo año, pero es un primer paso.
El Tribunal Constitucional ya dejó claro que este tipo de cláusulas son expresiones de voluntad política y no pueden tener efectos vinculantes para el Estado, pero se trata de un asunto capital y, al menos como gesto político, reforzará la posición reivindicativa de la Generalitat.
Las magnitudes son considerables. En el agregado de estos últimos 17 años llegaron a la Comunidad Valenciana 22.025 millones dentro de las inversiones del sector público estatal que se consideran como «regionalizables». Sin embargo, atendiendo al peso poblacional valenciano en el conjunto del país, debieron llegar 28.876,78 millones, según los cálculos realizados por este diario de acuerdo con la evolución demográfica desde 2000 hasta hoy.
Especialmente grave fue la marginación durante los tres primeros años, cuando la Comunidad Valenciana recibía en torno al 5% del total estatal de inversiones «regionalizables». Pero incluso en los años en los que el Gobierno central regaba de millones la tierra por donde el AVE se abría paso entre Madrid y Valencia, el déficit inversor fue considerable.
El año 2008, por ejemplo, la inversión en los PGE para la Comunidad Valenciana se disparó hasta los 2.352 millones, máximo histórico. Representó el 9,5% del total, «sólo» un punto por debajo de lo que tocaba por PIB (9,72%) o población (10,9%). Aún así, el déficit inversor fue de 346 millones.
Los «pobres» años de Aznar
Por etapas, fue el segundo mandato de Aznar el que generó el mayor agravio. En 2002 el déficit por habitante llegó a ser de 154,7 euros (casi 670 millones en total). Y los dos años anteriores se situó en torno a 130 euros por debajo de lo que le correspondía a cada valenciano.
En el lado contrario, entre 2007 y 2010, los años del AVE con Zapatero, fueron los más generosos, aunque el subidón inversor lo fue para todas autonomías y los valencianos se mantuvieron ostensiblemente lejos de la media española, en torno a los 75 euros por debajo.
