La crisis ha modificado los ejes de actuación de las administraciones públicas hasta convertirlas en entes casi irreconocibles. Cae el gasto en servicios públicos y en atención a los grupos más desprotegidos mientras el pago de deuda bancaria gana protagonismo ejercicio tras ejercicio. Es la consecuencia de las alegrías del pasado, por un lado, y de la doctrina de la austeridad, por otro. En medio de esas dos tensiones, los ciudadanos disfrutan cada vez de menos recursos públicos.
El caso más evidente lo ofrecen las entidades locales, las que se han aplicado con mayor rigor al objetivo de déficit cero. Los políticos se han centrado, se ha terminado con el derroche generalizado y las desviaciones presupuestarias son cada vez más pequeñas. Los ayuntamientos son quienes más y mejor están cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados desde Madrid. Muy pocos se desvían del principio del «déficit cero».
Como en los últimos tres años, los ayuntamientos valencianos volvieron a cerrar 2014 en «superávit». En el cómputo global, hubo 277,79 millones más de ingresos que de gastos: se ingresaron 5.670,01 millones (algo más que el ejercicio anterior) mientras que se gastaron 5.392,2 millones, según se desprende de los datos de liquidación presupuestaria de 2014 hechos públicos por el Ministerio de Hacienda hace unos días. Va en línea con el comportamiento de los últimos años, concretamente, desde 2010. Los dos primeros años, las pérdidas fueron escasas. Ya en 2012 el saldo presupuestario es positivo (826 millones). Y en 2013, de 356 millones en el agregado de los 542 municipios, las tres diputaciones y las mancomunidades de la Comunidad.
Costes de la austeridad
Sin embargo, la nueva política de austeridad tiene costes, y eso se refleja en el nuevo orden de las prioridades municipales, sobre todo por comparación con 2008, por ejemplo, último ejercicio antes de la crisis. Los empleados públicos han sufrido un recorte considerable en sus salarios, concretamente de 210 millones (cas el 11%), pero el hachazo más brutal se produce, precisamente, en las áreas de protección y promoción social. En 2008, los ayuntamientos valencianos destinaron a este apartado 643,9 millones euros. Seis años y cientos de miles de parados después, con grandes bolsa de población en riesgo de exclusión, la cantidad se ha reducido en casi 165 millones (el 26%).
