Menos de 24 horas después de escenificarse en el Congreso que el pueblo valenciano y sus instituciones son un peso mosca en el mapa político estatal, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, compareció ayer en las Cortes para presentar su plan de viabilidad para la «supervivencia» del autogobierno valenciano. El responsable de las cuentas de la Generalitat repasó el cómo, el desde cuándo y el porqué de la situación crítica de la caja de la Generalitat y reiteró que el sistema de financiación «nos ha conducido al mayor desastre de la autonomía en sus 32 años de existencia».

El cambio de modelo resulta «vital», dijo, para la «plena recuperación de esta autonomía». Tras la denuncia política de la discriminación a los valencianos -por un conseller que representa la rama más valencianista del PSPV- Vicent Soler avanzó que propondrá al Gobierno de España la «refinanciación» de la deuda acumulada (alcanza los 40.085 millones) «en las mejores condiciones posibles para la Comunidad Valenciana». «Ya que la Generalitat es deudora de la misma Administración que la ha ignorado durante años, el Consell va a plantear una reestructuración global de la deuda pública autonómica», que incluirá «mutualizar la parte que sea fruto de la infrafinanciación y establecer plazos y condiciones de amortización que permitan a la Generalitat ser viable».

Esa mutualización, dentro de la reestructuración global, vendría a ser una especie de condonación equivalente al dinero de menos recibido por la Comunidad Valenciana entre 2002 y 2013, con el último modelo aplicable. Si el cálculo se hace sobre la aportación media al conjunto de comunidades, serían 12.433 millones de euros los que habría dejado de recibir la Generalitat. Se trata de una cantidad mínima porque, según subrayan desde Hacienda, no está escrito que políticamente el cálculo tenga que hacerse sobre la media.

Acabar con el oscurantismo

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, anunció ayer la eliminación del copago en servicios sociales a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2016, y la presentación esta legislatura de una nueva ley de Servicios Sociales que cambie el actual modelo asistencial por un modelo «universal». Oltra, quien inició la ronda de comparecencias en el pleno de las Cortes de los consellers para informar, a petición propia y del PP, de las líneas principales para esta legislatura, afirmó que pese al «desolador panorama» heredado han comenzado a aplicar el programa del «gobierno del cambio».

Además, Oltra se comprometió a acabar «con el oscurantismo y la opacidad» en servicios sociales, para lo que revisarán las contrataciones «blindadas» y en las que hay «fundadas sospechas de irregularidad», como las adjudicaciones a la familia Cotino, e incluirán cláusulas sociales en los contratos con la Administración.