«Nunca me han llamado para echarme del PP, ni de Madrid, ni de Valencia; no se han atrevido porque todo fue una mentira». Así de contundente se expresó ayer el expresidente de la diputación de Valencia, Alfonso Rus, al ser preguntado sobre el expediente disciplinario que el PPCV anunció hace más de tres meses, un proceso por el que, según se anunció, se le echaba cautelarmente del partido y destituía como presidente del PP en la provincia de Valencia. El sábado del dos de mayo de este año, el PPCV emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión de militancia a Rus, una decisión que se producía horas después de que salieran a la luz unas grabaciones en las que supuestamente el barón provincial contaba dinero junto al exgerente de la empresa pública de la Diputación Imelsa, Marcos Benavent, este último en el ojo del huracán por su implicación en una trama de corrupción investigada por la Justicia.
El entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que en menos de tres semanas se enfrentaba al examen de las urnas, pidió a Génova la cabeza de Rus, uno de sus principales rivales internos. Siguiendo sus órdenes, el comité regional de derechos y garantías elevó la propuesta al órgano nacional, a quien correspondía instruir el expediente. En un comunicado se informó entonces de la suspensión cautelar y de la apertura del expediente. Sin embargo, el expediente interno del caso Rus nunca llegó a tramitarse y si se hizo no se adecuó a las normas internas del PP. Según confirmó ayer el propio Rus, nunca nadie se puso en contacto con él. Por este orden, Rus perdió el cargo de presidente provincial, acabó renunciando a la presidencia de la Diputación y a última hora se retiró del cartel electoral de Xàtiva, su último refugio político y donde el PP fue barrido en las locales. Rus, que se ha volcado en su negocio privado (es propietario de una empresa que fabrica mobiliario de cocina), asegura no haber recibido ninguna comunicación formal ni informal relativa al expediente. De hecho, según afirma, sigue militando el partido y pagando sus cuotas. Cabe recordar que Costa, tras ser suspendido cautelarmente, se desplazó a la calle Génova para defenderse. Se le aplicó una sanción de un año, aunque finalmente, quedó en diez meses. Blasco también llegó a recurrir la sanción, aunque fue expulsado.
Los estatutos nacionales del PP (Fabra fue uno de los ponentes) especifican que «el procedimiento disciplinario estará basado en los principios de audiencia al interesado, imputación, contradicción y defensa». El primer paso es la designación de un instructor, «que procederá a tramitarlo en la forma que reglamentariamente se establezca». Podrá, bien proponer el archivo, bien formular el oportuno pliego de cargos y se dará traslado al expedientado «para que conteste en el plazo de quince días, pudiendo aportar y proponer éste las pruebas que estime oportunas». Tres meses después ninguna de estas circunstancias se han producido. Según las normas internas, el expediente debe estar resuelto en dos meses que, en circunstancias especiales, podría prorrogarse un mes.
«Hablaré en su momento»
Rus, que tampoco tienen noticias del juzgado que investiga el escándalo de Imelsa, aseguró ayer que no guarda rencor a nadie por lo ocurrido, pero insistió en que todo el proceso fue «premeditado» para apartarle de la primera línea. «De lo único que me pueden acusar es de trabajar», dijo. «Insistió en defender su gestión en la diputación y en el partido y, mantuvo que, aunque está alejado de la política, algún día dará su versión sobre lo ocurrido. «Soy una persona de honor y, cuando llegue el momento hablaré», sentenció.
