Todos los grupos parlamentarios con representación en la Cortes valencianas, incluso el PP, abrieron la puerta ayer a sumarse a un gran pacto para exigir un cambio en el modelo de financiación autonómica, y lo hicieron en el marco de la ronda de contactos que el jefe del Consell, Ximo Puig, inició ayer en el Palau de la Generalitat con todos los portavoces parlamentarios. En ese contexto fue en el que, al menos por ahora, todas y cada una de las fuerzas se comprometieron ante el jefe del Consell a suscribir un acuerdo que permita reclamar ante el Gobierno central una inversión más justa para la Comunidad Valenciana.

La encargada de abrir esta ronda fue la portavoz parlamentaria del PP, Isabel Bonig, quien estuvo reunida con Puig cerca de una hora. Bonig se mostró dispuesta al acuerdo y ofreció un pacto entre el PP y el PSOE para reclamar una mejora de la financiación, pero con una condición: que se haga «gobierne quien gobierne en Madrid» tras las elecciones generales. La también presidenta del PPCV presentó por registro de entrada esta propuesta, que, asimismo, pide al Consell que «destine a sanidad, educación y políticas sociales los 1.600 millones adicionales que va a recibir la Comunidad en el próximo ejercicio».

También Ciudadanos y su portavoz, Carolina Punset, mostraron su apoyo a un pacto, pero defendieron una revisión del modelo para que sea «justo y equitativo» para todos los españoles y acabe con los privilegios de regiones como el País Vasco o Navarra.

Evidentemente, los socios parlamentarios del PSOE también mostraron su apoyo a Puig en esta reinvindicación, aunque el síndic de Podemos, Antonio Montiel, planteó que ese dinero vaya destinado principalmente a la inversión social y a contribuir a la recomposición del modelo productivo, a través de la inversión en innovación. Finalmente, tanto el síndic de Compromís, Fran Ferri, como su homólogo en el PSPV, Manuel Mata, como es lógico, cerraron filas con el jefe del Consell, aunque Ferri aprovechó para alertar de que, si esto no llega a buen puerto, el plan de acción planteado contempla llegar hasta la vía judicial para resolver el problema de la infrafinanciación.