La guerra que la Diputación de Alicante -principal bastión del PP en la Comunidad- y el Consell que comparten los socialistas y Compromís guerra librarán a lo largo de todo el mandato vivió ayer un nuevo episodio después de la exclusión de la corporación del consejo del Puerto y de los desencuentros por el pago de las ayudas a los libros de texto. El gobierno provincial de César Sánchez se revolvió contra la Generalitat e inició una batalla jurídica de recorrido incierto que, llegado el caso, podría llevar a ambas instituciones a enfrentarse en los tribunales y con la que la Diputación intenta evitar que le controlen su gestión. «Tenemos independencia económica y financiera», proclamó el portavoz del PP, Carlos Castillo, que puso encima de la mesa una sentencia del Tribunal Constitucional que se remonta a 1987 para negarse a cualquier injerencia del Ejecutivo autonómico en la gestión de fondos con la puesta en marcha de proyectos sin contar con la Diputación o el desarrollo de la Ley de Coordinación de las diputaciones, ya aprobada pero que está pendiente de desplegar y que supondría limitar a las corporaciones provinciales.
La intervención de Carlos Castillo se produjo al hilo de una declaración que Ximo Puig realizó el lunes durante un acto en Valencia. A preguntas del portavoz del PP en la Diputación de Alicante en esa convocatoria, el presidente de la Generalitat, siempre de acuerdo con la versión que ofreció Castillo, se refirió a las diputaciones como instituciones que deben funcionar bajo el principio de «subsidiariedad o subordinación» frente a la Generalitat. «Es un criterio que no compartimos ni desde el punto de vista político ni jurídico, porque el Constitucional avala y recoge la autonomía e independencia política y financiera de las diputaciones provinciales», reiteró Carlos Castillo mostrando el auto. Los populares se quejan, sin ir más lejos, de que el Consell les haya incluído en el programa de financiación de las ayudas escolares para los libros de texto sin contar con ellos. «A 48 horas del inicio del curso escolar no sabemos nada de nada», dijo Castillo antes de remachar. «No estamos a favor de esa política de yo invito y tú pagas», reprochó a Puig.
Esa resolución judicial -originada en un litigio entre la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona por la puesta en marcha de un plan de obras que se remonta a 1987- también la esgrimen los populares para rechazar de plano el desarrollo de la ley de coordinación de las corporaciones provinciales, un mecanismo de control de estas instituciones para evitar que se conviertan en reinos de taifas y que ejecuten políticas al margen del interés general de la Comunidad. Es conocido que Compromís es partidaria de la supresión de las diputaciones. Una posición que también defiende parte de los dirigentes del PSPV pero que choca, sin embargo, con la postura que abanderan sectores socialistas de Alicante, que insisten en mantener las corporaciones provinciales tal y como están.
Carlos Castillo apostó por mantener con la Generalitat «una relación fluida, fructífera y activa, en beneficio de los ciudadanos, siempre en el marco del diálogo, el acuerdo y el consenso». «Ximo Puig está más obsesionado con ser presidente de las diputaciones que del Consell y debe empezar a resolver problemas de su competencia. Se le acaba el plazo de seguir haciendo política mirando el retrovisor», proclamó el portavoz del PP en la Diputación que, además, aprovechó para lanzar una carga de profundidad contra Ciudadanos, sus socios de gobierno en el Palacio Provincial. Los populares no están dispuestos a cerrar las agencias comarcales que la Diputación tiene en Villena, Dénia, Rojales y Cocentaina. Lío a la vista.
