El próximo Nou d'Octubre no reabrirá exactamente Canal 9. La Generalitat volverá a ejecutar su recuperada competencia en la gestión del servicio público de radiotelevisión para explotar los derechos de emisión que se están pagando en balde mensualmente (más de 370.000 euros a las grandes distribuidoras Warner, Paramount o Sony) desde noviembre de 2013 e ir preparando el regreso de la radiotelevisión pública. Esto es, el Consell -no RTVV- recuperará la difusión de la señal televisiva. Este apunte, que parece una mera cuestión de matiz, resulta clave, indican fuentes del Gobierno valenciano, a la hora de evitar incurrir en la ilegalidad, señalan, de reabrir unilateralmente la televisión asesinada por el Ejecutivo de Alberto Fabra, a la que el ERE de extinción (finalmente pactado por empresa y trabajadores) le puso la esquela y todavía no ha sido del todo enterrada, liquidada.
Cambiar las siete barras de colores por reposiciones de series, películas y dibujos animados no es caro, indican las mismas fuentes. Es más, un estudio del propio Consell cifra en unos 13.000 euros el gasto técnico que deberá acometerse en «continuidad» para que regrese la señal de Canal 9, que de ningún modo aparecerá identificada con el logo en pantalla, lo que se conoce como la mosca.
La programación provisional que llenará los dos canales de la Generalitat requerirá de apenas unos diez empleados, que no serán contratados expresamente sino que están adscritos a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, además del apoyo de los 23 documentalistas que se salvaron del ERE de extinción y que están digitalizando y ordenando todo el archivo audiovisual de Canal 9. Junto a ellos, también evitaron el despido los siete encargados del mantenimiento de la red de repetidores, que, además de televisiones (Canal 9 comparte múltiplex con las dos TDT autonómicas -Mediterráneo TV y Las Provincias TV-, frecuencia ahora alquilada al canal de teletienda EHS) canaliza el servicio de emergencias 112.
Será todo el personal del que echará mano el Consell, que, como avanzó el viernes la vicepresidenta Mónica Oltra, no está dispuesto a realizar una sola contratación ajena a la Generalitat. Tampoco incorporará empleados de la extinta RTVV, que siguen reivindicando al Ejecutivo valenciano un derecho preferente de acceso sobre otros posibles contratados.
El Gobierno de Puig y Oltra ha renunciado a la repesca de los exempleados y ya se negó a revertir el ERE de extinción. El coste de esa hipotética vuelta atrás fue cifrado en unos 50 millones de euros. Es el resultante, apuntan, de tener que pagar los salarios de tramitación de los más de 1.600 que serían readmitidos y luego aprobar otro ERE para ajustar la plantilla. Además, el Consell entiende que reabrir unilateralmente sería claramente impugnable.
Mantener un edificio fantasma
Uno de los motivos de mayor preocupación en el proceso contrarreloj iniciado para poder recuperar las emisiones el Nou d'Octubre es el escaso margen que da el calendario para aprobar la proposición de ley que anule el decreto Fabra de cierre de Canal 9 y permita este ensayo de reapertura. El cambio legal es imprescindible para detener la liquidación de RTVV, de forma que el inventariado de bienes, entre otros el centro de producciones de Burjassot, no sea objeto de venta. Sólo la seguridad de ese edificio costó 140.000 euros y la limpieza 440.000 euros el año pasado, pese a que Canal 9 estaba ya en el dique seco.
