A la acusación pública y a las dos populares, que desde que comenzó el proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante están ejerciendo EU y el PSOE, se ha sumado ahora el Ayuntamiento de Alicante, que ayer se personó como acusación particular. Esta incorporación en calidad de perjudicado se produce cinco años después de que el magistrado Manrique Tejada asumiera la instrucción de este proceso en el que están imputados los dos anteriores alcaldes, los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz y el redactor del planeamiento, Jesús Quesada,entre otros. A los ya expolíticos se les atribuye haber facilitado al promotor datos reservados del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de regalos que iban desde viajes a un Mini.
Fue el magistrado Tejada quien a finales del pasado mes, nada más constituirse la nueva Corporación, realizó un ofrecimiento de acciones para que en el supuesto de sentirse agraviado por las actuaciones de, entre otros, sus antecesores en el gobierno municipal, supieran que tienen derecho a ser parte de la causa penal «pudiendo ejercitar las acciones penales o civiles que procedan».
En ese escrito el juez informaba al Ayuntamiento de que, aún no siendo parte de la causa, «no por eso se entiende que renuncia al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor pueda acordarse en sentencia firme, siendo menester que la renuncia a ese derecho se haga en su caso de manera expresa y terminante». El magistrado precisaba al Consistorio que, en el supuesto de decidir su personación, deberá hacerlo «de forma inmediata y, en todo caso, antes del trámite de calificación del delito».
Y eso fue lo que ayer formalizó el equipo jurídico municipal que con su incorporación a la causa tendrá automáticamente acceso a todas las actuaciones realizadas hasta ahora y el derecho, cuando llegue el momento, a presentar su escrito de acusación.
En una nota difundida desde los servicios jurídicos se precisaba que el Ayuntamiento «ejercerá toda la actividad procesal necesaria para llegar al fondo del asunto y resarcir a la ciudad y al Consistorio del perjuicio que se haya podido cometer contra ellos» por los delitos de cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias que se les atribuyen a la mayoría de los imputados en este procedimiento.
La causa se encuentra en el recta final de la fase de instrucción desde que en junio la Policía entregara los últimos informes que faltaban por remitirse al juez.
