Los socialistas pidieron ayer al Tribunal de Cuentas que investigue a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que firmaron contratos con la red Púnica, entre los que se encuentra la Generalitat, en concreto la Conselleria de Infraestructuras cuando la dirigía Isabel Bonig -nueva líder del PP- y FGV, además de los consistorios de Elche, Gandia, Castellón, Dénia y Valencia. La presidenta regional de los populares, sin embargo, salió en defensa de la limpieza de su partido y aseguró que todas las contrataciones fueron legales. agencias
