A las facturas en los cajones de la Generalitat -el Consell acaba de denunciar la existencia de 400 millones sin cobertura presupuestaria en Sanidad- se unen las de los ayuntamientos. Un informe de la Sindicatura de Comptes, que dirige Rafael Vicente Queralt, revela que las entidades locales de la Comunidad Valenciana acumulan facturas pendientes de aplicar al presupuesto por 130 millones. De las 334 entidades que han remitido datos, 140 reconocen que, al cierre de 2014, mantenían facturas sin consignación presupuestaria, de las que 127 son ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales.
El 96,7% de estos gastos están registrados en la cuenta 413 del balance, «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto», pero el resto, 4,23 millones, permanecían completamente ocultos y sin declarar. De estos últimos, 3.021.241 euros corresponden a la Diputación de Valencia de Rus. La corporación provincial tenía reconocidos en balance otros casi 5 millones, con lo que en total sumaba 8 millones en facturas en el cajón legal y el ilegal. Un cifra muy superior a la de la Diputación de Alicante (1,22 millones). En cuanto a los ayuntamientos, hay datos alarmantes: Valencia mantenía 24,4 millones en facturas en el cajón, seguido del de Orihuela (20,1), Gandia (14,1), Torrevieja (11,8), Godella (11,4) y Alicante (3,5). Paralelamente, la Sindicatura advierte de que 149 entidades asumieron 140 millones en facturas del pasado sin cobertura a través de «acuerdos de reconocimiento extrajudicial». El 92,3% es de ayuntamientos, entre los que destacan Valencia (41,3 millones), Alicante (28,7), Castellón (7,6) y Elche (1,8).
El Síndic recalca que hay que evitar estos gastos porque vulneran la ley de Hacienda y, en su caso, la de Contratos y, sobre los actos de reconocimiento extrajudicial y avisa de que los órganos responsables «deben adoptar las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se reproduzcan reiterada y periódicamente».
