El alcalde de Calp, César Sánchez, y el coordinador provincial de Ciudadanos (C's), Emigdio Tormo, sellaron ayer el acuerdo definitivo que encumbrará al dirigente del PP a la Presidencia de la Diputación. Ambos escenificaron el acuerdo en una multitudinaria comparecencia pública a la que asistieron la práctica totalidad de los próximos diputados populares, así como Fernando Sepulcre, el primer dirigente de C's que contará con escaño en la corporación, entre otros.
Fue un acto cordial, alejado de las tensiones que han vivido ambas formaciones durante las últimas semanas y en el que Sánchez y Tormo destacaron que la «gobernabilidad» queda garantizada. Ahora bien, no a cualquier precio. El responsable de C's advirtió de que el apoyo de su partido «no es un cheque en blanco» y anunció además que fiscalizarán la labor del nuevo equipo de gobierno para que cumpla a rajatabla los 38 puntos en los que se ha sustentado el acuerdo.
En suma, ese documento contempla medidas de regeneración democrática, más participación, una apuesta por la transparencia y la pérdida de competencias que ya desempeñan otras administraciones públicas, como la Generalitat. La mayoría no serán difíciles de cumplir. Sólo requieren voluntad por parte del PP. Pero existen otras que sí podrían generar conflicto a medio y largo plazo, según admiten desde ambos partidos. Una de ellas, el adelgazamiento de la Diputación. Y es que en este punto chocan dos propuestas. Hasta ahora, los populares han defendido a capa y espada la importancia de las instituciones provinciales para dotar de servicios a los pequeños municipios. Y C's, por el contrario, es partidario de que las diputaciones vayan desapareciendo con el paso del tiempo para aligerar el gasto público.
Pues bien, el punto número 25 del documento que ambos firmaron ayer recoge ya un importante tijeretazo en la estructura del Palacio Provincial. Reza así: «Redimensionamiento de la plantilla de la Diputación de Alicante y de las entidades dependientes de ésta, en la reducción de la estructura administrativa, áreas de gestión, jefaturas y departamentos del sector público local de la Diputación, sometiendo a estudio la eliminación de aquellas cuyos fines y objetivos sean asumidos por otras». Es decir, menos plantilla, posibilidad de suprimir organismos autónomos y un tijeretazo de altos cargos.
Otra de las medidas novedosas es la limitación de mandatos y la obligación de celebrar primarias para elegir a los diputados. De acuerdo con el pacto formalizado ayer, los presidentes de la Diputación y los dirigentes que formen parte del equipo de gobierno no podrán permanecer en la institución más allá de dos legislaturas. Esa iniciativa contemplaría, de aplicarse con carácter retroactivo, que «pesos pesados» del PP tendrían que renunciar ya a su acta. En concreto, Mercedes Alonso, César Augusto Asencio, Juan Molina y Pascual Díaz. Pero, según fuentes de la negociación, el contador echa a andar ahora.
La fiscalización a la Diputación, por el contrario, si se remontará a épocas pasadas. Populares y C's también han acordado revisar todas las auditorías económicas efectuadas durante los ocho últimos años, con lo que, de facto, se analizará la gestión de Joaquín Ripoll en su último mandato, cuando ya se encontraba imputado por su implicación en el caso Brugal. Precisamente, los dos partidos se han comprometido también a impulsar «un órgano interno anticorrupción» que tenga «funciones preventivas y de control» para evitar que la corporación provincial se vea salpicada por nuevos escándalos en los próximos años.
LOS PUNTOS DEL ACUERDO
Separación de cualquier cargo imputado por corrupción.
Separación del cargo que haya falsificado su currículum.
Creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control.
Revisión de las auditorías económicas de los últimos 8 años.
Revisar el actual sistema de dedicación exclusiva y no exclusiva de los diputados.
Limitación del ejercicio de responsabilidades en el gobierno a un máximo de dos legislaturas.
Los candidatos a diputados serán elegidos mediante primarias.
Creación de un portal de transparencia.
Publicar en la web la rendición de cuentas de las subvenciones a los grupos políticos.
Publicación semestral de las actividades de los diputados.
Publicación en la web de las agendas institucionales de los diputados.
Creación del primer registro público de grupos de interés en la Diputación.
Publicar en la web la relación de adjudicatarias de contratos.
Plena accesibilidad a toda la documentación en los procesos de adjudicación y contratación.
Publicación en formato open data de los indicadores de gestión de interés público que maneja y elabora la Diputación.
Aprobación de un reglamento de publicidad y comunicación.
Oposición a la creación de nuevas tasas, exacciones y precios públicos.
Aprobación de un plan de atracción y retención del talento para jóvenes investigadores.
Creación de una ventanilla única especializada en el apoyo a la internacionalización de las pymes.
Plan integral de turismo.
Reducción de tarifas en actividades culturales.
Aumentar la inversión en mantenimiento.
Plan de ahorro y eficiencia energética.
Homogenización progresiva de las condiciones de los trabajadores.
Redimensionamiento de la plantilla de la Diputación.
Transferencia de los servicios de salud mental a la Generalitat.
Dotar a ayuntamientos y equipos sociales de base de recursos y formación para combatir el acoso escolar y la violencia de género.
Crear una red de formación del personal al servicio de los pequeños municipios.
Más presupuesto para servicios sociales, potenciando las mancomunidades.
Plan de Inclusión 2016-2019.
Plan de lucha contra la violencia doméstica.
Dotar de recursos a la oposición para fiscalizar al gobierno.
Mantener la teleasistencia domiciliaria.
Exigir al Gobierno y la Generalitat las inversiones necesarias.
Programa de recuperación de jóvenes talentos.
Programa de captación de proyectos europeos.
Exigir al Gobierno la creación de la «Zona Franca Puerto de Alicante».
Apoyo a la formación de un clúster tecnológico y de innovación del agua.
