Tras cuatro meses de deliberaciones, el Tribunal Supremo confirmó ayer las líneas maestras de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el «Caso Blasco». El alto tribunal rebaja ligeramente las penas a la mayoría de los acusados e, incluso, absuelve a dos de ellos: Josep Maria Felip y Marc Llinares. Los otros seis acusados deberá ingresar en prisión el próximo lunes, 15 de junio, tras una breve comparecencia en el TSJ en la que deberán comunicar el centro penitenciario que eligen para cumplir la pena. Sólo Xavier Llopis, director de gabinete de Blasco, podrá evitar ese día la cárcel ya que el Supremo ha rebajado su pena de tres a dos años de prisión, según fuentes del TSJCV. Augusto César Tauroni, condenado como cooperador necesario del exconseller, permanece en prisión preventiva desde el 26 de febrero de 2012.
El Supremo despliega sus argumentos en una extensa sentencia de 365 folios en los que valida la investigación del fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, que inició las diligencias penales, tras la denuncia de las diputadas Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís) por las irregularidades cometidas en la concesión de 1,6 millones en ayudas para Nicaragua de los «sólo llegaron su destino 47.953 euros». El alto tribunal también avala la instrucción realizada por la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, Nieves Molina, así como la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del TSJCV, a pesar de los intentos de las defensas de los acusados de socavarlas e invalidarlas.
Aunque los recursos no han sido en balde y han logrado rebajar las penas impuestas a todos los acusados del Caso Cooperación. El Supremo confirma al exconseller Rafael Blasco como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial, por lo que le impone seis años y seis meses de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta, por lo que sólo podría volver a la política a los 90 años.
El Supremo sólo acepta uno de los diez motivos de casación que alegó su abogado, Javier Boix, para absolverle del delito de tráfico de influencias. De ahí la rebaja de los 8 años que le impuso el TSJ a los seis años y medio. De lo que no tiene ninguna duda el Supremo es de la amistad entre Tauroni y Blasco y el «incomprensible» empeño del exconseller en conseguir que las subvenciones de Cooperación que se malversaron (1.623.840 euros) se adjudicaran a la Fundación Cyes, pese a su evidente falta de experiencia y los deficientes proyectos que presentó.
Intentos en balde
A pesar de los intentos de Blasco por desmontar estos hechos, el Supremo destaca que «el conseller despejó los obstáculos en los expedientes sin atisbarse otras razones plausibles que no fuesen su decidida determinación de favorecer a quien le había señalado Tauroni, a quien informa puntualmente de las incidencias surgidas; sin importarle qué destino se diese a esas partidas, y asumiendo y aceptando como probables finalidades (comisiones, lucro de particulares...) totalmente ajenas al destino al que estaban adscritos esos fondos». El Tribunal insiste en varias ocasiones que «todos los actos se hicieron con la anuencia, impulso o asentimiento de Rafael Blasco» además de destacar las «maneras abruptas y autoritarias» o el «disgusto y enfado» con los que reaccionaba cuando los técnicos rechazaban los expedientes de Cyes.
Aunque el Supremo le exime de haberse beneficiado directamente de las irregularidades. «Se ha dispuesto de fondos destinados a subvenciones para fines sociales, en inversiones estrictamente privadas. Y eso se ha hecho con la concurrencia protagonista del recurrente [Rafael Blasco] que es quien adjudicó los fondos, aunque no lo hiciese en beneficio propio sino de otros», señala el Supremo. Aunque advierte que «es malversación tanto la sustracción como consentir que otro sustraiga». Junto a Blasco entrarán en prisión sus más directos colaboradores: su fiel secretaria general de la conselleria, Agustina Sanjuán, (que logra una rebaja de 7 a 6 años de cárcel), el subsecretario autonómico Álex Catalá (al que se absuelve de prevaricación pero se le mantiene la pena de 4 años y medio) y Augusto César Tauroni (que rebaja de 8 a 6 años la pena por lo que quedará libre en 2018). Xavier Llopis, ex jefe de gabinete de Blasco, podría eludir la cárcel al rebajar de 3 a 2 años la pena. Sólo Marc Llinares y Josep Maria Felip logran salir indemnes, al resultar absueltos de todos los cargos.
