De 70 a 127 millones de euros. Éste es el incremento de valor que tuvo el suelo del empresario Enrique Ortiz en el sector Torres de las Huertas de la Playa de San Juan con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, según las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. La copiosa documentación se ha entregado al juzgado que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del documento de planeamiento urbanístico de Alicante.
A través de la empresa Viviendas del Mediterráneo, Enrique Ortiz se lanzó a la adquisición de suelo en esa zona entre los años 2004, 2005 y 2006 y que por aquel entonces tenía calificación de rústico en el PGOU hasta lograr 700.000 metros cuadrados, según relata la Policía en el citado informe. El juzgado investiga si el empresario recibió información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad de autoridades municipales a las que daba dádivas y regalos, entre ellos los exalcaldes de la ciudad, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Tanto ellos como Ortiz, entre otros, están imputados en la causa.
El suelo pasó a ser urbanizable no programado en el planeamiento que se hizo público en el año 2008. Un documento intervenido por la Policía durante el registro de la empresa de Ortiz valora el suelo que tenía en esa zona en 127.585.493 euros, dice la Policía. Los investigadores apuntan además que a esta cantidad habría que añadir el hecho de que el planeamiento prevé compensar con edificabilidad a los propietarios de terrenos en parques naturales, «donde el señor Ortiz tenía intereses. A más coeficiente k, más suelo urbanizable en otros terrenos» y concretamente Torres de la Huerta «es una de las zonas con más alto valor inmobiliario». Los investigadores han aportado en el juzgado copia de todas las escrituras del suelo que constan en el Registro de la Propiedad.
El informe policial concluye que las conversaciones de Ortiz interceptadas durante la investigación apuntan a que el empresario conocía cuál iba a ser el valor de ese suelo aún antes de que el PGOU saliera a exposición pública. En este sentido, los investigadores inciden en la participación en esas conversaciones del entonces alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, «quien de manera activa negociaba e intermediaba con personas cercanas a él, incluso de origen extranjero, quienes estarían interesadas en la adquisición de terrenos en la zona que se analiza de una manera meramente especuladora», concluye el informe policial. Por aquellas fechas, el empresario Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz en la operación de Torres de la Huerta, quería dejar el proyecto, por lo que los promotores estaban interesados en buscar posibles inversores que adquirieran su parte. Algunos de los posibles compradores eran unos empresarios armenios con los que entraron en contacto a través de Díaz Alperi, tal como revela el sumario. Sin embargo, éstos se echaron atrás y se comenzó a negociar con distintas entidades bancarias, entre las cuales Bancaja era la mejor posicionada.
