El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se enfrenta a dos pedruscos en el camino que podrían retirarlo de la política: las urnas, el 24 de mayo, y unos 600 minutos de grabaciones que están en manos del juez y que fueron entregadas por la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, a la Fiscalía Anticorrupción. Los audios, cuyas copias se llevaron a la Fiscalía en un lápiz de memoria, retratan la existencia de una presunta trama de corrupción y cobro de comisiones a través de contratos públicos, que afectaría a media docena de administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Xàtiva. La causa general que se investiga en el juzgado, y antes en la Fiscalía, no se ciñe, así pues, a Imelsa, pero ni siquiera a la diputación, sino que afecta a diversos espacios gestionados por Rus y alcaldes y cargos del PP. Es más, ese material en concreto se corresponde a los dos años anteriores a la llegada de Rus a la institución provincial, aunque hay pasajes de 2007. El material sonoro entregado recoge diversas conversaciones en las que Alfonso Rus es uno de los interlocutores. Tiene un protagonismo significativo en unos pasajes que son «comprometedores, muy comprometedores» para él, según fuentes conocedoras del contenido de estas escuchas. En esos registros sonoros se habla del cobro de mordidas.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, calificó ayer de «exorbitantes y falsos» los hechos irregulares que se han atribuido a la institución que preside, y mostró su interés en «ser llamado de forma inmediata» por la autoridad judicial para poder desmentirlos. Según Rus, estas polémicas conversaciones se han difundido con la «intención de generar perjuicios políticos injustos, tanto al comunicante como al partido político al que pertenece [el PP]».
