El caso Gürtel en Valencia está centrado en la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano y en la adjudicación de contratos de la Generalitat a las empresas del entramado de Francisco Correa. Las pesquisas del caso Gürtel se iniciaron en la Audiencia Nacional, pero el TSJ acabó asumiendo la rama valenciana al estar imputados diputados autonómicos del PPCV. El juez instructor, José Ceres, dividió la causa en seis piezas por la complejidad de afrontar todo el proceso a la vez y para agilizar las pesquisas. La consecuencia es que se van a celebrar cuatro juicios. El primero, si los abogados defensores no lo impiden, arrancará el próximo 31 de marzo en el TSJ con un año de retraso. La decisión del TSJ de remitir el resto a la Audiencia Nacional (solo se ha pronunciado en la pieza 5, pero la situación de las otras es idéntica) supone un nuevo bloqueo para los otros tres juicios porque Anticorrupción recurrirá al Supremo. El fiscal cree que todo es un mismo caso que debe juzgar el TSJ. Lo único claro en este momento es que nadie sabe a ciencia cierta ni dónde ni cuándo se juzgará todo.
Pieza 3: Fitur
El primer juicio es por las adjudicaciones a Orange Market del stand de la Comunidad Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009. Las pesquisas se agruparon en la pieza tercera. La vista debía haber arrancado en el TSJ el 31 de marzo del año pasado, pero la renuncia en el último momento como diputadas de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such lo ha retrasado. El Supremo dio la razón al fiscal y estableció que la pieza de Fitur se debe juzgar en el TSJ porque ya se había abierto juicio oral. El juez envió al banquillo a las trece personas que acusaba el fiscal. Es el primer juicio para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes» (los supuestos cabecillas de la trama) porque en la causa de los trajes solo fueron citados como testigos.
Pieza 5: Contratos de la Generalitat con la trama
La segunda vista ha quedado aplazada sine die tras la decisión del TSJ de remitir el caso a la Audiencia Nacional con el pretexto de que todavía no se había abierto juicio oral. El juez reservó para la pieza quinta los contratos de la Generalitat con el grupo Correa a través de las empresas públicas Vaersa, Sepiva, la Sociedad Gestora para la Imagen Promocional de la Sociedad Valenciana SAU, la Fundación La Luz de las Imágenes y la Sociedad Proyecto Cultural Castellón S.A. Anticorrupción acusa a 6 miembros del grupo Correa y a 21 personas vinculadas con la Generalitat entre ex consellers, ex diputados, ex altos cargos y funcionarios. El fiscal reclama condenas de hasta siete años de cárcel para siete técnicos y ex altos cargos por adjudicaciones a la trama en las consellerias de Presidencia, Sanidad, Bienestar Social, y Cultura y Deporte cuando Camps estaba al frente de la Generalitat. Los principales políticos procesados en esta pieza (David Serra, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado o Dora Ibars) se han librado de las peticiones de prisión ya que no firmaron las resoluciones y solo están acusados de prevaricación
Piezas 1, 2 y 6: Financiación del PPCV y delitos electorales
El tercer juicio se centrará en la presunta financiación ilegal del PPCV en las elecciones de 2006 y 2007, y en los delitos fiscales de la trama. Las tres piezas solo estaban pendientes de la apertura de juicio oral. El fiscal acusa a cinco políticos (entre ellos el exvicepresidente Rambla y el ex número dos del PPCV Ricardo Costa), diez empresarios y cinco miembros de la trama. Los empresarios (entre los que destacan Enrique Ortiz y Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino) supuestamente financiaron al PPCV a través de contrataciones ficticias con Orange Market.
Pieza 4: Sonorización de la visita del papa Benedicto XVI
El cuarto juicio es por la pieza cuarta, que se centra en la sonorización del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Es la única pieza que todavía está instruyéndose. José Ceres mantiene imputadas a 27 personas. El imputado más destacado es el ex presidente de las Corts Juan Cotino. Ceres investiga las irregularidades en la contratación que hizo RTVV con la firma Teconsa.
