Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Bruselas autoriza la venta de la Ciudad de la Luz y el Consell prevé ingresar 90 millones

La Generalitat subastará el complejo cinematográfico en seis lotes y confía en recaudar un tercio de lo que costó - El Ejecutivo ultima el pliego de condiciones para externalizar las instalaciones

Las instalaciones de la Ciudad de la Luz, en una imagen del pasado año. HÉCTOR FUENTES

La Ciudad de la Luz sale a subasta. Dos años y nueve meses después de que la Comisión Europea declarara ilegales los 265 millones que recibió el complejo cinematográfico en ayudas públicas para su construcción, Bruselas al fin acaba de dar el visto bueno a su venta. El vicepresidente del Consell, José Císcar, fue el encargado de dar ayer la noticia. El también presidente provincial del PP en Alicante compareció ante los periodistas tras el pleno del Ejecutivo y adelantó que la Generalitat recibió el pasado 29 de enero la autorización de la Unión Europea para subastar el complejo. Pero, ¿cómo? Finalmente será por lotes, tal y como pretendía Bruselas desde un principiopor lotes. La idea del Consell de Alberto Fabra era otra. El Ejecutivo autonómico quería desprenderse de las instalaciones en su totalidad y no de manera troceada. La UE le ha dicho que no... aunque deja la puerta abierta a vender el recinto a un solo comprador.

Las empresas que decidan presentar ofertas tendrán dos opciones. La primera, optar solo por algunos lotes. Y la segunda, presentar una proposición económica para todos ellos, aunque de manera individualizada. «Primará la oferta económica más ventajosa», proclamó ayer Císcar. «Si la cantidad por todo el complejo supera el sumatorio de las mejores ofertas por lotes, se tomará la del conjunto. Y viceversa. Prima la mejor oferta económica», reiteró.

Previsiblemente, la cantidad que ingresará la Ciudad de la Luz por todas las transacciones no se acercará, ni de lejos, a los 265 millones que debe reintegrar al Consell. Aunque Císcar prefirió no dar ayer datos, este diario tuvo constancia de que la subasta de todos los lotes saldrá por un precio mínimo que rondará los 80 millones de euros, tres veces menos del gasto total. El Ejecutivo, no obstante, confía en que la venta se cierre en torno a los 90. La operación podría tendrá dos fases. En la primera, los potenciales compradores deberán presentar su oferta sabiendo el precio mínimo que impondrá el Consell para cada lote. Si no se presentara ninguna mercantil, el proceso se declararía desierto y se realizaría una segunda licitación, ya sin precio base.

La Generalitat ofrecerá facilidades a las sociedades que estén interesadas en invertir en la Ciudad de la Luz. Una de ellas será la posibilidad de aplazar los pagos. El Ejecutivo autonómico les permitirá posponer el abono de hasta el 60% del precio de adjudicación durante un periodo máximo de seis años, siempre y cuando reciba el aval de una entidad financiera que esté reconocida por el Banco de España. Ese aplazamiento generará unos intereses de Euríbor más 350 puntos básicos que se ingresarán en las cuentas de la Ciudad de la Luz.

Si no surgen imprevistos, la externalización del complejo podría ser una realidad antes de que lleguen las elecciones municipales y autonómicas de mayo. El consejo de administración de la empresa pública tiene previsto aprobar en febrero el pliego definitivo de venta y publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). Un día después, las firmas interesadas tendrán dos meses para presentar sus propuestas en sobres cerrados. Cuando expire ese plazo, la Generalitat adoptará la decisión definitiva, siempre y cuando se hayan presentado ofertas. El último paso para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea es la liquidación. Con los activos ya enajenados, la Generalitat tendrá que extinguir la Ciudad de la Luz.

El recinto encara de esta forma la recta final para su venta. Todo comenzó a torcerse en mayo de 2012, cuando Bruselas declaró ilegales las ayudas públicas que recibió para su construcción. Bruselas concluyó que la aportación «no se facilitó en condiciones de mercado, por lo que tiene que ser devuelta», y dudó de que la decisión de crear un centro cinematográfico respondiera a «razones comerciales». El Consell cerró entonces de manera cautelar las instalaciones a los rodajes y en julio de 2014 el Tribunal General de la UE ratificó la resolución.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats