El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) fijó ayer el arranque del primer juicio contra la trama Gürtel y ex miembros del Consell en vísperas de las decisivas elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. La vista empezará el 31 de marzo y está previsto que concluya el 8 de octubre. Eso significa que arrancará en la recta final de la precampaña y que el PP tendrá que lanzar su discurso electoral mientras en los tribunales se juzga su gestión en la conselleria de Turismo. El más difícil todavía para Alberto Fabra o el candidato que el PP decida. El juicio por las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market -la filial valenciana de la trama que dirigía el Bigotes con Francisco Correa en Madrid- del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur y otras ferias de turismo debía haber comenzado a finales de marzo del año pasado, pero las renuncias a sus actas de diputadas en el último momento de Milagrosa Martínez y Angélica Such ha provocado el retraso por la cuestión de competencia planteada. La estrategia de abandonar el escaño les ha permitido a ambas dilatar el proceso durante un año.

La secretaria de la sala se reunió ayer con los abogados, con los fiscales y la acusación particular -que ejercen los socialistas valencianos- para cerrar el calendario. Anticorrupción pidió que el caso se juzgara lo antes posible porque en octubre arranca en Madrid la vista contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y varios acusados de la pieza principal caso Gürtel. El juicio de Fitur coincidirá, además, con el de Terra Mítica, aunque se han señalado días alternos porque algunos abogados están personados en los dos procedimientos.

La Fiscalía pide que sean condenadas trece personas. El fiscal reclama que los líderes de la trama sean sentenciados a penas de entre seis y once años de cárcel. El ministerio público también solicita once años de cárcel para Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo. Betoret ya fue condenado por la causa de los trajes. Anticorrupción acusa a los responsables políticos que aprobaron las adjudicaciones de Fitur Milagrosa Martínez -que se enfrenta a penas de once años de cárcel e inhabilitación- y Angélica Such -en riesgo de una sentencia de inhabilitación-, a los funcionarios de la conselleria que las tramitaron y que supuestamente facilitaron información privilegiada al grupo de Francisco Correa y a los trabajadores y responsables de la red. Los acusados se sentarán en el banquillo por delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

Según la instrucción judicial, existen indicios claros de que el grupo mercantil vinculado a la red Gürtel se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades de la Generalitat para lograr esas adjudicaciones, a pesar de que sus ofertas eran las más caras y de que no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias. Como se recordará, Orange Market se creó en el año 2003 y dos años más tarde, sin apenas experiencia, se empezó a quedar con los concursos públicos de las adjudicaciones de Turismo. La mercantil de El Bigotes se adjudicó de forma sistemática todos los contratos de Fitur entre 2005 y 2009, año en el que se cortó la relación comercial al estallar el escándalo de la red Gürtel.