El pleno de las Cortes Valencianas rechazó ayer, con los votos en contra del PP, tramitar una proposición de ley para derogar la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat. De esta manera, el grupo popular -con la abstención de los socialistas y los votos de favor de Compromís y de Esquerra Unida- consiguió que se mantengan los privilegios adquiridos por los exdirigentes de la Comunidad. El citado estatuto, aprobado en el año 2002 por PP y PSPV, otorga prerrogativas, como el tratamiento vitalicio de molt honorable, medios (una oficina de apoyo con dos asesores, un conductor, un vehículo de la Generalitat y servicios de seguridad) y la condición de miembros natos del Consell Jurídic Consultiu a los expresidentes valencianos.

El portavoz de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, -grupo que tramitó la proposición de ley rechazada por el PP- defendió ayer la necesidad de la derogación en un momento en que dos expresidentes, José Luis Olivas y Francisco Camps, tienen «problemas con la justicia por casos de corrupción», y aseguró que la dignidad no se mide por las prerrogativas, sino por el comportamiento.

Por su parte, el PP -único grupo que se opuso al cambio- resaltó que no se trata de una cuestión prioritaria y no tendría ningún «efecto positivo» en la sociedad; el PSPV-PSOE se abstuvo, alegando que aunque se tramitara no daría tiempo a aprobarla, y Compromís defendió que prefieren la reforma a la derogación, para introducir incompatibilidades y obligaciones.

Blanco recordó que el Consell se mostró abierto en 2012, cuando se debatió una propuesta similar, a estudiar una reforma de esta ley, pero no ha propuesto nada. Además, el diputado de EU instó a acabar con los privilegios «de una mal llamada clase política que no se pueden justificar por el ejercicio de ninguna función». Blanco resaltó que, de los cuatro expresidentes de la Generalitat, dos tienen problemas con la justicia «que ponen más aún en duda su honorabilidad» y otro «se ha librado pero de honorable parece que tenía bien poco», y consideró que las incompatibilidades habría que fijarlas en otra ley, y para todos los altos cargos.

«Separación de la casta»

El diputado del PP Alfredo Castelló calificó de «inaudita» la propuesta de derogación, que según apuntó «no se ha presentado en ninguna Comunidad autónoma», y criticó la «obstinación» y «contumacia» de EU en buscar la derogación de esa ley, pues ya lo ha pedido cinco veces. Castelló reiteró que, «con la que está cayendo», EU pida una cuestión que no está entre las 200 prioridades y preocupaciones de los ciudadanos, con la que a su juicio busca «separase de la casta», algo en lo que «se equivoca» porque al final «todos somos casta» y los diputados son «privilegiados a los ojos de todo el mundo».

El socialista Rafael Rubio indicó que María Dolores de Cospedal sí que planteó una derogación del estatuto de expresidentes en Castilla-La Mancha y recordó que su grupo presentó en 2013 una reforma, porque están «claramente en contra de cualquier cosa que suene a privilegio», pero el PP no la aceptó. Rubio justificó la abstención de su grupo en que, aunque se tramitara, no daría tiempo a aprobarla, y anunció que en el primer mandato del gobierno «que presidirá un socialista» presentarán una propuesta para modificar este estatuto.

La diputada de Compromís Mònica Oltra subrayó ayer la necesidad de reformar una norma que no responde a los tiempos actuales ni moral, ni política ni económicamente, y «atar bien» las incompatibilidades de un expresidente, que «no es una persona normal» debido al poder.